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29-2009 Inconstitucionalidad

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las quince horas con siete minutos del día dieciséis de julio dos mil diez Se tiene por recibido el Oficio n° 1998, de fecha 8-VII-2009, suscrito por el Juez Quinto de Instrucción de esta ciudad, mediante el cual remite certificación de la resolución pronunciada en la misma fecha, en la quedeclaró la inaplicabilidad del art. 30 letra a) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (en lo sucesivo LOFGR), en el proceso con referencia 115-2009-4; así como el oficio SG-CM-96-09 de fecha 7-IX-2009, proveniente de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual se remite la certificación de la resolución a la excusa planteada por el MagistradoLicenciado Edward Sidney Blanco Reyes emitida por la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual declara legal el impedimento planteado por el Magistrado Blanco Reyes. Advierte este tribunal: I. Que con fecha 14-VII-2010 esta Sala pronunció sentencia definitiva en el proceso de inconstitucionalidad 13-2009, en la cual se desestimó la inconstitucionalidad planteada respecto del art. 30 letra a) de laLey Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), en lo relativo a la supuesta vulneración al art. 192 relacionado con el art. 131 ord. 19° de la Constitución (Cn.). 1. En la referida sentencia esta Sala sostuvo, luego de una serie de argumentos, que no existe la contradicción señalada por el juez requirente, entre el art. 30 letra a) LOFGR y el art. 192 relacionado con el art. 131 ord.19° de la Constitución; esta última disposición deja en claro, que el Fiscal General de la República es un funcionario de elección de segundo grado, por atribución conferida a la Asamblea Legislativa. También se expresó que el art. 193 de la Cn. determina las atribuciones y competencias de este funcionario de elección de segundo grado; entre ellas se destacan aquellas de vital importancia para elEstado de Derecho, como la defensa y promoción de los intereses del Estado y de la Sociedad, la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, la dirección de la investigación del delito en la forma que determine la ley, entre otras de igual relevancia. Pero la más importante para los efectos de la referida sentencia, se encuentra en el ord. 11º que determina que el FiscalGeneral de la República ejercerá las demás atribuciones que establezca la Ley y dentro de esta competencia se enmarca el art. 26 de la LOFGR, que da asidero legal a la figura del Fiscal General Adjunto.

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Así, se explicó que, en atención a lo regulado por los arts. 191, 193 ord. 11° de la Cn. y el art. 26 letra b) de la LOFGR, resulta pertinente destacar que la Constitución es clara aldeterminar los funcionarios que ejercerán el Ministerio Público e indica que dentro de ellos se encontrarán los demás que la ley determine. En ese sentido, la habilitación legal que la Constitución instituye se genera en razón de la característica de apertura de la norma constitucional que considera la complejidad y amplitud de la organización estatal, misma que no puede ser delimitada de manera taxativaen un solo texto, pues vivimos en una realidad dinámica en la que a diario se suscitan nuevas necesidades a las cuales el ordenamiento jurídico –con la Constitución en su base– deben dar cabida y respuesta. Es por ello que no es posible limitar al legislador a una lista taxativa de funcionarios sin la posibilidad de dar respuesta a las necesidades de los administrados. Claro está que tal apertura yhabilitación legal, no es un permiso irrestricto que devenga en arbitrariedad, sino una posibilidad de actuación dentro de los límites constitucionalmente impuestos para ello. Asimismo, el art. 193 ord. 11° Cn. atribuye competencia al Fiscal General de la República para nombrar al Fiscal General Adjunto quien, de acuerdo con la regulación legal de la figura, tiene la competencia para suplirlo...
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