Las políticas de reducción de daños en la argentina un camino que ya ha comenzado

Tanto los discursos como las prácticas ligados al problema de las drogas, están íntimamente relacionados con las políticas públicas y, por lo tanto, con el campo de lo jurídico. Es en tal ámbito, donde las marchas y contra-marchas que se han producido en el nivel de la sanción de leyes y decretos, así como en el de los procesos penales y las sentencias, dan una somera idea de las dificultades conlas que se encuentran los operadores socio-sanitarios al intentar la puesta en práctica de programas de reducción de daños.

Históricamente, tanto las leyes sobre el problema de las drogas como las prácticas de ellas derivadas, han obedecido al alineamiento de los gobiernos argentinos con las normativas de "guerra contra las drogas" de los Estados Unidos, en íntima colaboración y relaciónconstante con la Drougs Enforcement Agenci (D.E.A.)

Antes de la promulgación de la Ley 23.737 (1) actualmente vigente, las normas jurídicas argentinas oscilaron entre penar la posesión de drogas ilegítimas para consumo personal en la medida en que no pudiese demostrarse el legítimo derecho a su tenencia, o permitir la misma siempre que no estuviera destinada al comercio o a procurar o proporcionarla droga a un tercero. Dichos vaivenes jurídicos se han dado, con ligeras variantes, desde la sanción de la ley 11.331 en 1930, la cual modificaba el artículo 204 del Código Penal incriminando la posesión de estupefacientes.

Toda vez que se produjo una modificación en pro de la despenalización de la tenencia para consumo personal, se basó la misma en que la tenencia en dosis correspondientes alconsumo personal únicamente, quedaba incluida en la categoría de la protección a la libertad de las acciones individuales, garantizada en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Dicho artículo, no ha sido alterado en la última modificación de la Carta Magna. De modo que toda ley que no respete las libertades individuales, continúa siendo anticonstitucional.
Los juicios y sentencias quese produjeron bajo el amparo de las diversas leyes y sus modificaciones sucesivas, sentando jurisprudencia en muchos casos, sufrieron iguales vaivenes.

Entre octubre de 1974 y octubre de 1989, regía la ley 20.771, que pretendía legislar sobre la Salud Pública. A partir de un proyecto de ley presentado por el entonces diputado radical Lorenzo Cortese, actual Secretario de Programación para laPrevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, y su posterior sanción como ley al inicio de la presidencia del Dr. Menem, en octubre de 1989 entró en vigencia la ley 23.737, que abarcaba otro bien jurídico: la Seguridad Pública, pasando entonces el consumo a ser más que un problema sanitario, pues "potencialmente implica poner en riesgo la seguridad del conjunto del tejido social".(2)

Este discurso es aún sostenido por los representantes del poder; en una reunión organizada por la D.E.A. y Gendarmería Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y realizada este año, el actual presidente Dr. Fernando De La Rúa expresó que "la lucha contra la droga es una cuestión de estado". Esta es la ley vigente en la actualidad, si bien se están sometiendo a consideración una seriede modificaciones a la misma.

El discurso socio-sanitario y sus prácticas

Tanto por estar sometidos a las leyes vigentes, como por ser sujetos atravesados por los discursos sociales de la época, los operadores socio-sanitarios no están al margen de los efectos que el discurso jurídico y las políticas públicas establecen en su ejercicio del poder. Por lo que se han visto, a partir de lavigencia y puesta en práctica de la Ley 23.737, desde hace más de diez años, compelidos a ocupar lugares que no son los propios de su que-hacer profesional.

La Ley 23.737 reprime la tenencia con pena de uno a seis años, estableciendo una pena de un mes a dos años cuando "por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal". Así, toda persona...