Ley de ejecucionde penas

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción II, 36, 46 y 50 de la Constitución Política; y 1º, 2º, 3º, 19 fracción II, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, presento ante el H. Congreso del Estado la presente “INICIATIVA DE LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDASDE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO”, la cual formulo con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 36 establece que el ejercicio del Poder Ejecutivo es depositado en un ciudadano a quien se denomina Gobernador del Estado, preceptuando además en su artículo 28 fracción II, que le corresponde a éste la facultad de presentariniciativas de ley o decreto ante el Congreso del Estado.

II. Mediante decreto publicado en el “Diario Oficial de la Federación” el miércoles 18 de junio de 2008, se llevó a cabo la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del sistema de justicia penal, lo que incluye la ejecución de penas y medidas de seguridad a aplicarse alos sujetos infractores de las disposiciones en la materia, así como a los indiciados, según sea el caso; dicha propuesta parte del reconocimiento del carácter de persona de todo sentenciado, con las atribuciones inherentes al humano y, por lo tanto, con derecho a ser atendido en aras de garantizar su reinserción social.

El marco normativo derivado de dicha reforma, garantizará al sentenciadoel ejercicio de sus derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, dentro de un procedimiento seguido ante un órgano jurisdiccional especializado, respetuoso de los derechos consagrados en la norma fundamental, y que paralelamente también avale que al momento de concluir una pena o de determinar la modificación y duración de la misma, de forma responsable, no se pondrá enpeligro a la sociedad al liberar anticipadamente a un delincuente, si no a una persona renovada.

En esta tesitura, se instituye expresamente en la Carta Magna el principio de presunción de inocencia, lo que implica que, salvo en los casos establecidos en la propia Constitución, ya no se podrá imponer prisión preventiva a los gobernados durante el periodo de investigación, esto es, que dichamedida sólo podrá ser solicitada por el Ministerio Público a un juez, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delitodoloso.

Asimismo, los jueces deberán ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Por lo que ve al arraigo,únicamente procederá en casos de delincuencia organizada.

III. Las reformas constitucionales citadas con antelación redundan ineludiblemente en las disposiciones concernientes a la aplicación de medidas de seguridad y ejecución de las penas privativas de libertad, desde la perspectiva de lograr la reinserción de las personas sujetas a las mismas, por lo que entre tales modificaciones se introdujoen el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un innovador sistema de reinserción social, en el cual el sistema penitenciario, para efectos de dicha reinserción, se basa en la atención del sentenciado no solamente tomando como base el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, sino también incorporando a la salud y al deporte como...