Ley Proteccion de la seguridad ciudadana

Protección de la Seguridad Ciudadana

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Última reforma de la presente disposición realizada por Ley 10/1999, de 21 de abril

EXPOSICION DE MOTIVOS
La protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas constituyen un binomio inseparable, y
ambos conceptos son requisitos básicos de laconvivencia en una sociedad democrática.
La Constitución, por otra parte, establece una atribución genérica de competencia al Estado en materia de seguridad
pública (art. 149,1 29ª) y, específicamente, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del
Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (art.104,1), afectando en su regulación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la
libre circulación por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España o al derecho de reunión.
Desde la promulgación de la Constitución, en un proceso ininterrumpido, las Cortes Generales han tratado de mantener
un positivo equilibrio entre la libertad yseguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de
sus deberes constitucionales en materia de seguridad, mediante la aprobación de leyes orgánicas generales como la de 1
junio 1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio; la de 1 julio 1985, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, o la de 13 marzo 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo,se han aprobado leyes
especiales, como la de 15 julio 1983, reguladora del Derecho de Reunión; la de 21 enero 1985, sobre Protección Civil, o la
de 25 julio 1989, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; incluyéndose, asimismo,
medidas de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos mediante la Ley 10/1990 de 15 octubre, del
Deporte, que dedica ala materia su tít. IX.
Para completar, sin embargo, las facultades o potestades de las autoridades actualizadas y adecuadas a la Constitución,
y con la finalidad de proteger la seguridad ciudadana, se considera necesario establecer el ámbito de responsabilidad de
las autoridades administrativas en materias como la fabricación, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos;
concentracionespúblicas en espectáculos; documentación personal de nacionales y extranjeros en España; así como
regular ciertas actividades de especial interés y responsabilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La consideración de fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas, coacciones o acciones violentas, con
graves repercusiones en el funcionamiento de los servicios públicos y en lavida ciudadana determina, a su vez, la
necesidad de un tratamiento adecuado a la naturaleza de dichos fenómenos y adaptado a las exigencias constitucionales.
Con todo ello, viene a completarse la derogación formal de la Ley de Orden Público, tan emblemática del régimen político
anterior y que ha caído prácticamente en desuso, con independencia de que en varios aspectos de su articulado haya
sidoexpresamente derogada.
En el cap. II de la nueva ley, se regulan las actividades relacionadas con armas y explosivos, habilitando la intervención
del Estado en todo el proceso de producción y venta, así como en la tenencia y uso de los mismos, reconociendo el
alcance restrictivo de las autorizaciones administrativas para ello, regulando la prohibición de ciertas armas, municiones y
explosivosespecialmente peligrosos y considerando como sector con regulación específica en materia de establecimiento
la fabricación, comercio o distribución de armas o explosivos.
Se disponen, asimismo, las finalidades a que tenderán las medidas de policía que deberá dictar el Gobierno en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, dejando a salvo las competencias que, en este punto,...