Linea Jurisprudencial “Suspensión De Servicios Públicos Domiciliarios A Sujetos De Especial Protección Constitucional”

“SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”
Para entrar a realizar la línea jurisprudencial indicaremos primero cuáles son esos sujetos que adquieren dentro del marco jurídico la bien llamada protección constitucional, entendiéndose estos como depreca nuestra constitución en su El artículo 13, en los incisos 2 y 3, señala: 
 
“El Estadopromoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”

“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”

Mediante estas se dispone untratamiento preferencial para las personas que se encuentran en una situacióndemayor de vulnerabilidad. Lo anterior, por cuanto la situación que enfrentan estas personas les impide integrarse de manera espontánea a la sociedad para poder ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones, así que el Estado no puede negarse a adoptar un conjunto de medidas de orden positivo orientadas a superar  enla medida de lo factible  esa situación de desigualdad y de desprotección a la que ellas se ven avocadas.

La corte constitucional en efecto en sentencias como las T-826 y T-974de 2010, ha señalado la importancia de proteger  a las personas que se encuentran en circunstancias de indefensión debido a su situación de discapacidad y a su imposibilidad de desarrollarse en el campo laboral,  lo queafecta directamente su mínimo vital y el de su núcleo familiar.
 
La categoría de sujetos de especial protección constitucional surge como emanación directa de la cláusula de Estado social de derecho consagrada por nuestra Carta Política en su artículo 1ºSe trata entonces, de grupos poblacionales identificados en algunos casos por el constituyente (mujeres en estado de embarazo, madres cabezade familia, adultos mayores, niños, adolescentes y discapacitados) y en otros por el juez constitucional (grupos étnicos, personas privadas de la libertad, desplazados, defensores de derechos humanos, reinsertados, entre otros.) que, en atención a sus especiales circunstancias, reclaman a la luz del texto constitucional una protección particularmente vigorosa de sus derechos fundamentales.Refiriéndose entonces a la suspensión de los servicios públicos domiciliarios por parte de las empresas prestadoras, la Sala Plena de la Corporación en la sentencia C-150 de 2003, dejó consagrado el marco de excepción para los casos en que se considera legítima la suspensión de los servicios públicos; fue así como en el numeral décimo quinto de la parte resolutiva de dicha providencia, se condicionóel aval de exequibilidad del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 adicionado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001 y el artículo 140 de la misma norma, modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001, al respeto de los “derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos”; casos en los cuales, tales instituciones deberán abstenerse de “suspender el servicio”; en aquellaoportunidad se indicó:
«5.2.3. En conclusión, las normas acusadas serán declaradas exequibles, en el entendido de que se respetarán los derechos de los usuarios de los servicios públicos cuando se vaya a tomar la decisión de cortar el servicio. Tales derechos, como el respeto a la dignidad del usuario (art. 1° de la C.P.) son, entre otros: (i) el debido proceso y el derecho de defensa, que permite a losusuarios o suscriptores contradecir efectivamente tanto las facturas a su cargo como el acto mediante el cual se suspende el servicio y también obligan a las empresas prestadoras de servicios públicos a observar estrictamente el procedimiento que les permite suspender el servicio. El derecho al debido proceso incorpora también el derecho a que se preserve la confianza legítima del usuario de...