Los Choros

25558

Martes 19 julio 2005

I.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
12376

BOE núm. 171

LEY 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y
mercantiles en la Unión Europea.
JUAN CARLOS I

En la actualidad, la regulación de estamateria se
encuentra en la importante Ley 1/1996, de 10 de enero, de
asistencia jurídica gratuita, la cual puso fin a la dispersión
normativa hasta entonces existente y que tuvo como principal novedad la desjudicialización del procedimiento del
reconocimiento de este derecho. Una ley que ahora debe
modificarse para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de27 de enero
de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los
litigios transfronterizos mediante el establecimiento de
reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita
para dichos litigios.

REY DE ESPAÑA

II

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.

Pero además deincorporar a nuestro derecho la citada
Directiva 2003/8/CE, se ha decidido aprovechar esta
reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, para introducir
en ella otras modificaciones tendentes bien a actualizar su
normativa a otros cambios operados en nuestro derecho,
bien a cubrir determinadas lagunas o deficiencias observadas a lo largo de estos años transcurridos desde su
aprobación.
De estaforma, la ley da nueva redacción al artículo 2
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita, para ajustar su texto tanto a la doctrina constitucional manifestada en la Sentencia 95/2003, de 22 de
mayo, como a los cambios normativos que han tenido
lugar en los últimos años, como ocurre con el régimen
aplicable a las asociaciones de utilidad pública.
Por otro lado, en aras demejorar la protección dispensada a las personas con discapacidad, en la línea que
ya han seguido otras normas (como la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad), se modifican el artículo 5 y la disposición
adicional segunda para incluir en el ámbito de aplicación
de la ley a tales personas condiscapacidad y a quienes
las tengan a su cargo, así como a las asociaciones que
tengan como finalidad la protección de personas con discapacidad.
También aquí se aprovecha para reconsiderar algunos
aspectos generales de la tramitación de las solicitudes de
reconocimiento del derecho, que en la práctica venían
perjudicando la efectividad de la tutela judicial que la
Constitución consagra. Tal esel caso de la consideración
de la suspensión de los plazos no sólo de prescripción,
sino también de caducidad de las acciones con anterioridad al inicio del proceso, y también la ampliación de los
plazos con que cuentan Abogados y Colegios de Abogados en los supuestos de insostenibilidad de las pretensiones, y que resultaban manifiestamente insuficientes en
los supuestos de mayor complejidad.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La apertura que para los países de la Unión Europea
ha supuesto la consagración de un mercado único en el
que circulan libremente personas, mercancías, servicios y
capitales podría considerarse incompleta si no fuera
acompañada de un sistema de garantías que asegurase a
los ciudadanos europeos la tutela de sus derechos en
dicho ámbito. Es por ello que la tutelajudicial efectiva
que, en nuestro derecho interno, consagra el artículo 24
de la Constitución Española, y que también se recoge en
el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, debe también extenderse a los litigios transfronterizos originados por el funcionamiento
del mercado único.
Esta tutela judicial efectiva tiene una importante manifestación en la...