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Interpretación de los artículos del 1 al 6 contra la corrupción en Guatemala
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º—Fines.
Los fines de la presente Ley serán prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública.
CONCORDANCIAS
Expediente Legislativo N° 13715, Tomo VI, Folio 1780, Acta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración N° 27 del 27de agosto de 2002.
Ref: Artículo 1, incisos 1), 2) y 3) del Reglamento.
PRONUNCIAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL
La Convención Interamericana contra la Corrupción como fuente normativa de la Ley y su contenido.
“(...) Sobre este particular
, la Ley No.8422 (Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública) vino a significar la implementación de los compromisosasumidos por nuestro país al ratificar, mediante la Ley No.7670 de 17 de abril de 1997, la Convención
Interamericana contra la corrupción, la cual fue suscrita en Caracas, Venezuela el 29 de marzo de 1996.
Asimismo, dicha ley desarrolla un amplio régimen jurídico destinado a detectar, prevenir y sancionar la corrupción en la función pública (art.1 de la Ley 8422), significando una adecuación dela legislación interna.
Uno de esos campos de adecuación del derecho interno es el que tiene relación con las medidas preventivas previstas en el artículo III de la Convención, que trata entre otros de la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos y de las reglas encaminadas al establecimiento de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado desempeño de lasfunciones públicas (...)”.
(Oficio Nº 6762 (DAGJ-1550) del 10 de junio de 2005)
Alcances de la función consultiva del Órgano Contralor con relación a la Ley.
“(...) debe advertirse desde ya que la emisión de nuestros pronunciamientos en torno a la
Ley Nº 8422 y su Reglamento Ejecutivo, ha tenido por objeto dotar a los entes y órganos que integran la Administración Pública, de parámetros ycriterios de orientación, de cara a la toma de decisiones que dichas normas hacen descansar en la administración activa, sin pretender por ello sustituir a esta última en la titularidad de sus potestades y competencias, ni relevarla de sus responsabilidades en la materia.
En ese sentido debe tenerse presente, que nuestros pronunciamientos han venido siendo emitidos al amparo de la potestad consultivaatribuida a la Contraloría General, normada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley Nº 7428 del
4 de setiembre de 1994), y la Circular Nº CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas a
Artículo 1
4
Ley contra la
Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Publícala Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial LaGaceta Nº 107 del
5 de junio de 2000), en cuyo ejercicio este Despacho no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas (...)”.
(Oficio Nº DAGJ-3636 del 2 de diciembre de 2005)
Sobre el deber de los sujetos pasivos de la Ley de informarse respecto al contenido y alcances de sus disposiciones.
“(...) Por lo demás debe tenerse claro que el marco de acción del funcionario público,se encuentra delimitado y conformado por una serie de normas jurídicas derivadas de la Constitución
Política, que incluyen no solo leyes y reglamentos, sino también normativa interna específica y políticas emanadas de la entidad o el órgano público para el que preste sus servicios, respecto de todas las cuales pesa sobre aquél, un deber de informarse y ajustar su actuación, conducta ycomportamiento a lo en ellas dispuesto, no perdiendo de vista que el artículo 129 de la Carta
Magna, establece que las leyes son de acatamiento obligatorio desde el momento en que éstas lo indiquen y en su defecto desde su publicación, frente a cuyo contenido en todo caso nadie puede alegar válidamente ignorancia o desconocimiento.
Huelga señalar que este deber, no se ve atenuado de ninguna forma por la...