Mediación, Arbitraje, ¿Administración?
Páginas: 8 (1913 palabras)
Publicado: 3 de enero de 2013
Mediación, arbitraje, ¿Administración?
Por Julio C. Fuentes Gómez
Administrador Civil del Estado.
Lo que se conoce como medios alternativos de resolución de conflictos constituye una de las vías por las que se intenta poner remedio al colapso de los tribunales de justicia. Esos medios son bien conocidos desde hace años: la conciliación, que entre nosotros tiene especialarraigo dentro del derecho laboral; la mediación y el arbitraje. Precisamente, estos dos últimos están recibiendo un impulso importante a raíz de los trabajos de incorporación al Derecho español de la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que ha servido para encauzar el impulso que en España reclaman los sistemasalternativos de resolución de conflictos.
El planteamiento que guía la futura normativa responde al reto de la competitividad entre los ordenamientos de los distintos países, para ofrecer ventajas que nos hagan atractivos para los operadores económicos. Un objetivo en el que también se ha planteado la posibilidad de incluir a la Administración pública en esta misma dinámica. Una idea queconsidero atractiva, que puede dar lugar a una nueva relación con los ciudadanos y simplificar muchos procedimientos administrativos. Y que al margen de que me guste o no es posible que con la aprobación de la futura ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la ley de reforma de la vigente Ley de Arbitraje del año 2003 no nos deje otra opción que acudir a esas técnicas.
Antesde llegar a las novedades que nos aguardan, creo que con esta reforma estamos recorriendo un camino que otros ya han pensado antes y que, sin embargo, no llegó al destino previsto. Los comentarios que se publicaron con ocasión de la aprobación de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se cansaban de destacar dos novedadesde la entonces nueva Ley:
- Por un lado, la terminación convencional del artículo 88, a modo de autorización para que las Administraciones Públicas pudieran «celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan porobjeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule». Estos acuerdos pueden poner fin a los procedimientos administrativos o insertarse en ellos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución finalizadora. Del escaso desarrollo posterior de esta previsión se puede destacar laque hizo el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, que comporta una simplificación procedimental importante y de la que tengo la impresión que se hace muy poco uso.
- Por otro lado, el artículo 107 contemplaba la posibilidad de que las leyes sustituyeran los recursos administrativos «en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando laespecificidad de la materia lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos» de los ciudadanos e interesados en todo procedimiento administrativo.
La virtualidad de estas previsiones prácticamentese quedó ahí, a pesar del meritorio intento por aprobar una ley de arbitraje administrativo, en la que se empeñaron dos prestigiosos administradores civiles, como son José Canal y Pedro Ibañez Buil, y que finalmente no sería aprobada, dejando incumplido el mandato de la disposición adicional segunda de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificó la LRJ-PAC.
La Ley reguladora de la...
Por Julio C. Fuentes Gómez
Administrador Civil del Estado.
Lo que se conoce como medios alternativos de resolución de conflictos constituye una de las vías por las que se intenta poner remedio al colapso de los tribunales de justicia. Esos medios son bien conocidos desde hace años: la conciliación, que entre nosotros tiene especialarraigo dentro del derecho laboral; la mediación y el arbitraje. Precisamente, estos dos últimos están recibiendo un impulso importante a raíz de los trabajos de incorporación al Derecho español de la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que ha servido para encauzar el impulso que en España reclaman los sistemasalternativos de resolución de conflictos.
El planteamiento que guía la futura normativa responde al reto de la competitividad entre los ordenamientos de los distintos países, para ofrecer ventajas que nos hagan atractivos para los operadores económicos. Un objetivo en el que también se ha planteado la posibilidad de incluir a la Administración pública en esta misma dinámica. Una idea queconsidero atractiva, que puede dar lugar a una nueva relación con los ciudadanos y simplificar muchos procedimientos administrativos. Y que al margen de que me guste o no es posible que con la aprobación de la futura ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la ley de reforma de la vigente Ley de Arbitraje del año 2003 no nos deje otra opción que acudir a esas técnicas.
Antesde llegar a las novedades que nos aguardan, creo que con esta reforma estamos recorriendo un camino que otros ya han pensado antes y que, sin embargo, no llegó al destino previsto. Los comentarios que se publicaron con ocasión de la aprobación de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se cansaban de destacar dos novedadesde la entonces nueva Ley:
- Por un lado, la terminación convencional del artículo 88, a modo de autorización para que las Administraciones Públicas pudieran «celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan porobjeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule». Estos acuerdos pueden poner fin a los procedimientos administrativos o insertarse en ellos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución finalizadora. Del escaso desarrollo posterior de esta previsión se puede destacar laque hizo el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, que comporta una simplificación procedimental importante y de la que tengo la impresión que se hace muy poco uso.
- Por otro lado, el artículo 107 contemplaba la posibilidad de que las leyes sustituyeran los recursos administrativos «en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando laespecificidad de la materia lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos» de los ciudadanos e interesados en todo procedimiento administrativo.
La virtualidad de estas previsiones prácticamentese quedó ahí, a pesar del meritorio intento por aprobar una ley de arbitraje administrativo, en la que se empeñaron dos prestigiosos administradores civiles, como son José Canal y Pedro Ibañez Buil, y que finalmente no sería aprobada, dejando incumplido el mandato de la disposición adicional segunda de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificó la LRJ-PAC.
La Ley reguladora de la...
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