Mineria

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MINERÍA, COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO.
3. Marco legal e institucional
El marco legal e institucional que desde la década pasada ha venido regulando lasactividades mineras en México es resultado de reformas legislativas yadministrativas fundamentales, inscritas en un contexto global dominado por eldiscurso del libre mercado, el capital globalizado y el estado mínimo. Aunqueestediscurso se construye y legitima tomando para sí valores como la democracia, eldesarrollo, el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente, en la prácticaes común que estos valores sean sacrificados en la carrera por un alcanzar undesarrollo que resulta desigual y excluyente.La Ley Minera fue diseñada con el objetivo de establecer condiciones competitivaspara las inversiones, enfocándose más a lapromoción de la minería que a sucontrol. Un elemento central de esta legislación tiene que ver con la prioridad que se otorga a la minería sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra.Esta disposición lleva a un desequilibrio en la relación entre la promoción delcrecimiento económico y la protección del medio ambiente, así como en lacorrelación de fuerzas entre los diferentes actoresinvolucrados y afectados por lasactividades mineras. La legislación vigente subordina valores centrales para lassociedades, como el derecho de las personas y las comunidades a gozar de saludy de un medio ambiente limpio, así como el derecho a participar en las decisionesque les afectan y decidir sobre su propio desarrollo. El diseño legislativo y lasprácticas administrativas gubernamentales no sólono promueven la participaciónpública sino que incluso la inhiben.A los desequilibrios provocados por la legislación se suma la situacióngeneralizada de desinformación. En general, la información es escasa einsuficiente, además de que para muchas comunidades resulta difícil acceder aella debido a barreras geográficas, burocráticas y de lenguaje. En la práctica lascomunidades locales y la sociedad engeneral carecen de información conrespecto a los proyectos mineros y la manera en que éstos pueden afectarles obeneficiarles, así como sobre los derechos que les corresponden y lasposibilidades de acción de las que disponen. Estos factores se combinan parallevar a situaciones en donde las comunidades son excluidas de los procesos detoma de decisiones, con lo que se multiplican las posibilidadesde conflicto entrecomunidades y empresas.En este sentido, la toma de decisiones sobre proyectos de minería es monológica:al excluir a las comunidades y a la sociedad en general, se deja fuera deconsideración información que éstas podrían aportar y que pudiera ser relevante yvaliosa, por ejemplo, para proteger la salud pública, el patrimonio cultural, labiodiversidad o la estabilidad e integridaddel ecosistema y de la sociedad.A nivel gubernamental, tampoco existe un diálogo interinstitucional efectivo quepermita que las decisiones en materia de minería se tomen a partir de visionesintegrales. Los órganos encargados de regular las actividades mineras, laprotección del medio ambiente y la salud, por ejemplo, no trabajan de maneracoordinada. Tampoco existe una Secretaría de Minería, ni unaComisión deMinería en el poder legislativo.La legislación da prioridad al desarrollo de actividades mineras a costa de laprotección de otros valores, como la integridad y estabilidad social y ambiental. Unejemplo de este predominio se hace evidente en un informe gubernamental sobreminería en México en el año 2000, elaborado por la Secretaría de Economía, en elcual se establece como un logro el hechode que la superficie propuesta paracrear un Área Natural Protegida (ANP) en el estado de Sonora, haya sidodisminuida en un 48% a fin de no afectar el desarrollo de actividades mineras.
Las decisiones sobre proyectos mineros generalmente se toman a partir deanálisis de costo-beneficio que minimizan y restan importancia a los riesgosambientales y los efectos de largo plazo. La propia visión de...
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