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4) Nosotros consideramos que en este caso una de las partes (la empresa) se ve perjudicada en su patrimonio, debido a la interpretación de la ley 23.661 que han hecho los tribunales inferiores enla causa, ya que la obligan a realizar una prestación (pago total del tratamiento del menor) por la cual no se había obligado. El objeto de esta ley es “proveer prestaciones de salud tendientes a lapromoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud que respondan al mejor nivel de calidad disponible, y que garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo de nivel deprestación eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva” (art. 2 de la ley 23.661). Es imprtante agregar que las leyes 24.754 y 24.901 tienen la misma finalidad y, enreferencia al caso en cuestión, la ley 25.404 establece en su art. 4 que “el paciente epiléptico tiene derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna”.
Por otro lado, la contraparte tieneuna afectación en el derecho a la salud, debido a que el contrato que estableció con la empresa no cubre los requisitos que las leyes mencionadas establecen para este caso.
Ahora lo que debemosdeterminar para resover el litigio es si el Estado, por sobre la autonomía de voluntades plasmada en los contratos, puede delegar una obligación suya (la de preservar el derecho a la salud de su población;obligación establecida en el art. 12.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) en una de las partes contractuales, perjudicándola económicamente. Nosotros consideramos que el Estado sipuede delegar en una entidad privada una obligación que le es propia, siempre y cuando no se vea afectado ningún derecho de esta entidad privada. En este caso particular, vemos que el Estado aldelegar su obligación afecta el derecho patrimonial de una de las partes (la empresa), pero por otro lado, con estas leyes asegura al paciente a recibir los tratamientos médicos que allí se establecen y...