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Uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones laborales en
España es el contenido en el artículo 28.1, de la Constitución Española de 1978 (RCL 1978, 2836) , el cual
reconoce el derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental de «todos a sindicarse libremente».
En nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de actuar en tutela y endefensa de los intereses
colectivos de los trabajadores se atribuye a los propios sujetos protagonistas del conflicto, como expresión de su
posición de libertad y eligiendo, en ejercicio de su propia autonomía, los medios más congruentes a dicho fin.
Reconocido el derecho a la libre sindicación como derecho fundamental de los españoles, forzosa resulta su
conexión con el reconocimientoexpreso que efectúa el artículo 7 de la Constitución (RCL 1978, 2836) a los
sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como organizaciones que «contribuyen a la defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios» y al imperativo constitucional de que «su
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley», con laprecisión
de que «su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos».
El derecho a la libertad sindical, genéricamente expresado, para todos los españoles, tanto en su aspecto
positivo -derecho a la libre sindicación-, como negativo -derecho a la no sindicación-, así como el expreso
reconocimiento constitucional que de las organizaciones sindicales efectúa el artículo 7,exige un desarrollo legal
que tiene su justificación y acogida en el artículo 9.2, de la Constitución, que establece que «corresponde a los
Poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sea real y efectiva; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanosen la vida política, económica, cultural y social». Desarrollo legislativo que
debe efectuarse, siguiendo los propios preceptos constitucionales, a través de la aplicación de los artículos 53 y
81, que establecen que «sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse
el ejercicio de tales derechos y libertades», «reconocidos en el Capítulo II del presenteTítulo» (artículo 53.1) y
que «son Leyes Orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas» (artículo 81.1).
Resulta así imperativo el desarrollo del artículo 28.1, de la Constitución (RCL 1978, 2836) mediante una Ley
de carácter orgánico, cuyo alcance precisa la disposición final segunda, viniendo a cumplir este mandato la
actual Ley Orgánica deLibertad Sindical.
La Ley Orgánica pretende unificar sistemáticamente los precedentes y posibilitar un desarrollo progresivo y
progresista del contenido esencial del derecho de libre sindicación reconocido en la Constitución, dando un
tratamiento unificado en un texto legal único que incluya el ejercicio del derecho de sindicación de los
funcionarios públicos a que se refiere el artículo 103.3, dela Constitución y sin otros límites que los
expresamente introducidos en ella.
Ley Orgánica de Libertad Sindical
11 de marzo de 2014 © Thomson Reuters 1No se ocupa el proyecto de Ley de desarrollar el derecho a la libre sindicación de los empresarios por
entender que basta a ese respecto, en relación con el desarrollo legislativo del artículo 28.1, de la Constitución
Española,constitucionalizar y mantener la plena vigencia de lo establecido en materia de asociacionismo
empresarial por la Ley 19/1977, de 1 de abril (RCL 1977, 727) .
El Título I, bajo el epígrafe «De la libertad sindical», regula los ámbitos subjetivos y objetivos de la Ley.
Se fija el ámbito subjetivo de la Ley, incluyendo a todos los trabajadores por cuenta ajena, lo sean o no de las
Administraciones...