Perspectivas De La Contratación Administrativa En El Marco De Una Nueva Visión Del Derecho Administrativo

Perspectivas de la contratación administrativa en el marco de una nueva visión del Derecho Administrativo

Rodrigo González Sandoval

El Estado Moderno Constitucional de corte liberal se ha erigido como el garante de la realización de los valores supremos del individuo, tales como la libertad, la justicia y la seguridad, bajo el estandarte del bien común y la ____ de los servicios públicoscomo instrumentos para su consecución.

El fin social del Estado consiste en satisfacer las necesidades básicas de la población, como son salud, educación, seguridad, etc. y dado que el mismo Estado, dentro de su organización administrativa, no cuenta con la infraestructura ni los recursos humanos, financieros y materiales suficientes, ni le es posible prestar la totalidad de los servicios querequiere para el cumplimiento de sus metas y objetivos, se vuelve indispensable la colaboración de los productores de bienes y prestadores de servicios, cuyo proceso de selección y su posterior contratación, se realiza bajo alguna de las formas de derecho público, previstas en la legislación positiva.

Esta actividad administrativa se articula mediante convenios administrativos con múltiplesfinalidades y goza de un amplio margen de discrecionalidad para adecuar sus contenidos a las exigencias del interés general, y el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración Pública un amplio poder legal para implementar procedimientos de contratación como instrumento adecuado para la satisfacción de los intereses públicos implicados.

Tales contrataciones, se actualizan mediante acuerdosde voluntades que contribuyen a la satisfacción de las necesidades colectivas, al tiempo que estimulan los intereses privados, a través de beneficios mutuos entre el interés colectivo y el de los particulares.[1]

Sin embargo, tales intereses solo pueden ser satisfechos, mediante un sistema que asegure al Estado que tanto los servidores públicos que intervienen en ellas, como los proveedores queparticipen en los procesos de contratación, tengan la certeza de que los actos derivados de tales procesos, se encuentren apegados a los principios de legalidad, honestidad e igualdad que los rigen, situación que redunda en un correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que emanan de dichos procedimientos.

Es así que los ordenamientos jurídicos que regulan procedimientos decontratación administrativa, en tanto se encuentran revestidos de cláusulas exorbitantes del derecho privado[2] y persiguen como fin la satisfacción del interés público[3], han otorgado a la Administración, de facultades para desenvolverse en un marco de discrecionalidad, en sus actuaciones con los particulares contratantes, en donde conceptos como “arbitrio” se confunden con “arbitrariedad” y en dondelas normas dotadas de conceptos jurídicos indeterminados[4], no siempre son garantía del sometimiento a control judicial de la actuación administrativa.

En este sentido, la ya clásica cuestión del control judicial de la discrecionalidad administrativa, cuando nos referimos al ámbito de la contratación pública, torna en una polémica especialmente relevante, pues la contratación en el sectorpúblico, además de ser uno de los instrumentos fundamentales de que dispone la Administración para garantizar su propio funcionamiento, tiene una influencia decisiva en la evolución de las estructuras industriales y comerciales de la sociedad, de suerte que la cuestión, cada vez más, trasciende los límites del terreno estrictamente jurídico, incorporándose al debate elementos de orden político,ideológico o económico.

No obstante, si bien formalmente el Estado cuenta con todas las prerrogativas para intervenir y exigir el cumplimiento forzoso de un contrato o, bajo determinadas circunstancias, rescindir la relación contractual, materialmente se ve impedido en muchas ocasiones a constreñir el incumplimiento del acuerdo de voluntades.

Lo anterior puede atender a circunstancias de índole...