Principio de legalidad

I. PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El Derecho Penal suele entenderse en dos sentidos: uno objetivo y el otro subjetivo. El primero referido a las normas penales y el segundo como facultad punitiva del Estado.
La función que le corresponde al Derecho penal en un determinado contexto histórico, deriva del modelo de Estado en el que se ejerce el Ius Puniendi. El Estado Boliviano, conforme alArtículo 1 de la C.P.E. se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, modelo que, como veremos más adelante, impone en materia penal una función de prevención limitada que debe ajustarse a ciertos límites para no perder su legitimación, pues el Derecho Penal como parteintegrante del Orden Jurídico nacional, debe ser coherente al modelo de Estado constitucionalmente configurado.
Como señalábamos líneas arriba el derecho a castigar se puede fundar en distintas concepciones políticas. Aquí partiremos de la concepción del Estado social y democrático de Derecho, como modelo asumido por el Estado Boliviano, concepción hoy ampliamente aceptada en nuestra área decultura y acogida en el Art. 1 de la Constitución Política del Estado, la misma que fija los limites que el legislador y los demás órganos encargados de ejercer el Ius Puniendi deben respetar.
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Mir Puig1, de forma sucinta precisa las características del ejercicio del poder punitivo, según el modelo de Estado asumido por la corriente políticaimperante en un determinado contexto histórico. Así, para este autor, el principio de Estado de Derecho impone el postulado de un sometimiento de la potestad punitiva al Derecho, lo que da lugar a los límites derivados del principio de legalidad. La idea del Estado social sirve para legitimar la función de prevención en la medida en que sea necesaria para proteger a la sociedad. Por último, laconcepción de Estado democrático obliga en lo posible a poner el Derecho Penal al servicio del ciudadano, lo que puede verse como fuente de ciertos límites que hoy se asocian al respeto de principios como los de dignidad humana, igualdad y participación del ciudadano.
1 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, 6.a ed., Editorial Reppertor, Barcelona, 2002, p. 109-110
La legitimidad del Derechopenal o del poder punitivo del Estado proviene pues, del modelo fijado en la Constitución y de los Pactos y Tratados Internacionales, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocidos por la propia Constitución (Artículo 410), que el Derecho Penal debe respetar y garantizar en su ejercicio.
Pero junto a esta limitación extrínseca del Derecho Penal, como indica MuñozConde2, hay también una legitimación intrínseca, representada por una serie de principios específicos que inspiran y limitan su actuación, como el de la legalidad de los delitos y las penas, los mismos que por su importancia han llegado a recogerse a nivel constitucional entre los derechos y libertades fundamentales, configurando así un Derecho Penal respetuoso con la dignidad y la libertad humana,meta y límite del Estado Social y Democrático de Derecho y, por tanto, de todo su ordenamiento jurídico.
El principio de legalidad, llamado por Muñoz Conde3 “Principio de intervención legalizada”, es en palabras del mencionado autor, aquél que establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regidapor el “imperio de la ley” entendida ésta como expresión de la “voluntad general” y sirve, pues, para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal y supone, al mismo tiempo, un freno para una política penal demasiado pragmática que, decidida a acabar a toda costa con la criminalidad y movida por razones defensistas o resocializadoras demasiado radicales, sacrifique las...