PROGRAMA DE ACCESO COMUNITARIO A JUSTICIA

PROTOCOLIZACION
FECHA:

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Buenos Aires, 2 3 de junio de 2014.
VISTAS:
Las funciones que el artículo 120 de la Constitución Nacional y la Ley
Orgánica del Ministerio Público (ley N° 24.946) confieren a la Procuradora General de
la Nación, y la Resolución PGN 13/99.

Y CONSIDERANDO QUE:—I—
Promover la realización de la justicia en defensa de los intereses generales de
la sociedad es una misión institucional fundamental asignada constitucionalmente al
Ministerio Público Fiscal (artículo 120 de la Constitución Nacional).
Para cumplir con ese objetivo, la Ley Orgánica del Ministerio Público
(LOMP) dota a la titular del organismo de las facultades de diseñar políticas destinadas
adefender los intereses generales de la sociedad en el sistema de administración de
justicia, y de realizar el esquema organizacional de la institución que mejor viabilice la
implementación de esas iniciativas (artículos 25, 33 y 74 de la LOMP).
En el ámbito de actuación que definen las normas señaladas, a partir del día
de la fecha esta Procuración General de la Nación contará con una nuevaestructura
cuya función excluyente será la de facilitar el acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial.
Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad —aprobadas en la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre
Judicial Iberoamericana, celebrada en marzode 2008 en la ciudad de Brasilia, República
Federativa de Brasil, y a las que adhirió este organismo mediante la Resolución PGN
N° 58/09— definen a este grupo de personas como aquellas que “por razón de su
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas
y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el
sistema dejusticia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico” (artículo 3).
La decisión de crear esta nueva área del Ministerio Público Fiscal apunta a
remover los obstáculos que diariamente enfrenta ese universo de personas a la hora del

reconocimiento de sus derechos en el ámbito judicial. El objetivo fundamental será
contribuir para que el sistema de administración de justicia llegue alos ámbitos de
nuestra sociedad históricamente relegados como paso inexorable en el proceso de
profundización democrática que atraviesa nuestro país desde hace ya más de tres
décadas.
Para la detección de soluciones a algunos de esos problemas la nueva
estructura deberá explorar alternativas de carácter preventivo —complementarias de
aquellas acciones de neto corte represivo a cargo de otrasdependencias de esta
institución— que fomenten diferentes formas de relación con la comunidad. En tal
sentido, se trabajará para que el MPF se vuelva más sensible a los intereses y
perspectivas de las personas en condición de vulnerabilidad.

—II—
El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado
estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole queresulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos
fundamentales.
En tal sentido, los Estados no sólo no deben impedir el acceso a esos
recursos (obligación negativa), sino que además están obligados a organizar el aparato
institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a ellos (obligación
positiva). Los Estados deben entonces eliminar los obstáculosnormativos, sociales o
económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—, E l Acceso a la justicia como garantía de
los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares jijados p or el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, aprobado el 7 de septiembre de 2007, OEA,
Documentos

Oficiales.

Cfr....