Reforma penal en méxico

Reforma Penal en México
Desde que se dio a conocer la propuesta de reforma penal de Felipe Calderón en Marzo del 2007, una enorme cantidad de críticas no se hicieron esperar, la Reforma tal y como estaba planteada, contenía elementos que flagrantemente atentaban contra los derechos fundamentales de los habitantes del país. Esto si bien resultaba preocupante, no fue sorpresivo. Desde el iniciode su mandato, las acciones y el discurso del ejecutivo fueron a favor de la seguridad a costa de lo que sea, en un reflejo de la “guerra” que Alvaro Uribe desató en Colombia en contra del crimen organizado con resultados cuestionables. A pesar de que estas estrategias han sido severamente cuestionadas por organismos internacionales y que las mismas corresponden a acciones dirigidas desde losEstados Unidos, esto no impidió que la reforma penal fuera presentada e impulsada desde el ejecutivo. Una vez que la reforma estuvo en la cámara de diputados, siguió la ruta que llevan estas iniciativas en el proceso legislativo, fue discutida en comisiones y posteriormente discutida en el pleno. Los diputados integrantes de las comisiones desde un principio mencionaron que la propuesta que seríaaprobada por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales modificaría sustancialmente la iniciativa de la presidencia toda vez que sería comparada con las iniciativas que diversos partidos políticos y legisladores habían presentado con anterioridad por lo que la propuesta de reforma que saldría de esa comisión sería distinta y recuperaría lo mejor de todas ellas. Esto no fue así. La propuestaque presentó la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales fue muy parecida a la que originalmente había enviado la presidencia de la República para su revisión. Organizaciones y la academia instaban a los legisladores a rechazarla, pues resultaba contradictorio hablar de juicios orales, orientados a reforzar las garantías de los ciudadanos, y al tiempo otorgar al MP facultades discrecionalespara hacer cateos, intervenir líneas telefónicas y arraigar a las personas sin necesidad de una orden judicial, peor aún se contemplaba la creación de un régimen especial para la delincuencia organizada en la que las personas que fueran acusadas bajo ese supuesto serían sujeto de medidas especiales que limitan sus derechos. El texto que aprobó la cámara de diputados incluía facultar al ministeriopúblico para que realice espionaje telefónico, cateos y arraigos sin orden judicial así como todos los requisitos para establecer un régimen especial para lo que los legisladores consintieron en llamar “delincuencia organizada” con una definición basada supuestamente en tratados internacionales pero que se alejaba en realidad de lo que estos documentos en la materia establecen.
La reforma fueenviada a la Cámara de Senadores, al mismo tiempo que garantizaba aspectos positivos, como la presunción de inocencia, la igualdad procesal de las partes, la inadmisibilidad como prueba de evidencias recabadas por medios ilegales y otros avances en el debido proceso, incluía excepciones que son incompatibles con los estándares de cumplimiento de los derechos humanos. Tales son sobre todo los casos delarraigo, que se elevaría a rango constitucional, el mantenimiento de delitos considerados inexcarcelables, y la ya mencionada creación de un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertenecer a la “delincuencia organizada”, cuya tipificación resulta además genérica y ambigua. Además en la propuesta enviada por los diputados, se permitía a la policía ingresar a los domicilios sinnecesidad de una orden judicial y permitía además al Ministerio Público intervenir sin necesidad de orden judicial comunicaciones privadas e información fiscal y electoral.
La Cámara de Senadores, teniendo la oportunidad de frenar de golpe una reforma tan defectuosa únicamente sugirió dos modificaciones, la eliminación de de la propuesta que facultaba a los cuerpos policiacos a ingresar a...