Reforma y contra reforma

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REFORMA Y CONTRA-REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES
INTRODUCCION
La Seguridad Social Boliviana tiene sus raíces en el Poder de Poderes. El sistema de Seguridad Social boliviano está consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, que determina la obligación que tiene el Estado de defender el capital humano, proteger la salud de la población, asegurar la continuidad de los medios desubsistencia y rehabilitación de las personas discapacitadas o inválidas, propendiendo a su vez a la mejora de las condiciones de vida del grupo familiar. Se inspira en los principios de Universalidad, Solidaridad, Unidad de gestión, Economía, Oportunidad y Eficacia.
El Sistema Integrado de Pensiones (S.I.P.), nace de un sistema conformado y consolidado como es el Seguro Social Obligatorio (S.S.O.)basado en la ley 1732 de fecha 29 de noviembre de 1996, utilizando la experiencia desarrollada por el estudio exhaustivo de los casos extremos y particularidades del país; eso sí, con ciertos cambios en términos, composición y requisitos de acceso a las prestaciones, todo con el fin de adaptarse a los incisos II y VI del artículo 45 e inciso II del artículo 67 de la nueva constitución política delestado, que reza a la letra que “Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados”, “… su dirección y administración corresponde al Estado” que “… proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley”.

DESARROLLO

ASPECTOS GENERALES
La nueva ley de reformas consiste en la administración porparte del Estado de la seguridad social de largo plazo y la aplicación de un modelo social que apunta a mejorar las rentas de jubilación de los trabajadores que ganan menos. 

Los aportes que los trabajadores realizaron al modelo de capitalización individual, administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, serán transferidos a la Gestora de Seguridad Social de LargoPlazo, dependiente del Gobierno.

Los aportes para la jubilación de los trabajadores serán administrados por la Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo. Como ocurría con las AFP, los ahorros individuales de las personas se constituirán en un patrimonio autónomo que tendrá la entidad pública.
A los trabajadores se les continuará descontando el 0,5% de su salario (total ganado) para pagar  lacomisión que la Gestora cobrará por administrar los aportes de los trabajadores. El porcentaje será revisado cada tres años para analizar la posibilidad de disminuirlo.
La Gestora estará presidida por un directorio, cuyos miembros (un presidente y cuatro directores) serán designados por el Presidente del Estado Plurinacional, de las ternas aprobadas por dos tercios de votos en el pleno de la Cámarade Diputados de la Asamblea.
Esta estará bajo supervisión de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La Gestora debe presentar los estados financieros propios y de los fondos manejados —auditados por una firma externa— al Presidente del Estado, el ente fiscalizador, la Asamblea Legislativa, la ContraloríaGeneral del Estado y al Ministerio de Economía. También debe rendir informes semestrales de gestión ante el Presidente y la Asamblea. El 95% de las inversiones que la Gestora realice con los aportes deberá mantenerse en Entidades de Depósito de Valores autorizadas. Además, la ley prevé una pena de cinco a 10 años de cárcel para los funcionarios de la Gestora que sean hallados responsables de lamalversación de aportes.
La nueva Ley de Pensiones introduce en el Código Penal el delito de Apropiación Indebida de Aportes para aquellos empleadores que no entreguen las contribuciones de sus trabajadores al sistema de jubilación. La sanción para esa figura delictiva es de cinco a 10 años de prisión. Dispone además que los empleadores sin aportes al día no puedan despedir a los obreros...
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