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La reforma de la Constitución Argentina, realizada en 1994,
mo d i f i c ó l a j e r a r q u í a d e l o s t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s a n t e s
equiparados a las leyes nacionales. A partir de entonces, un conjunto
de instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos poseen rango constitucional (Artículo 75, inciso 22 de la
ConstituciónNacional). Los demás mantienen el mismo rango
normativo previo a la reforma.
Esta última es la situación del Convenio para la represión de la trata de
personas y de la explotación de la prostitución ajena del año 1949,
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la
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional y el Protocolo adicional contra el tráfico ilícito de migrantes y el
protocolo paraprevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
de mujeres y niños (en adelante, Protocolo de Palermo)
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Al haberlos
ratificado, la Argentina se convierte en Estado Parte y sus disposiciones
integran el derecho argentino, que asume las siguientes obligaciones: i)
Tipificar, perseguir y sancionar la trata de personas, interna o
internacional;
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ii) Asistir a las víctimasde trata, con especial atención a
las necesidades de repatriación; iii) Adoptar medidas de prevención
mediante campañas de difusión y vigilancia en lugares específicos.
A pesar de lo expuesto, sólo después de 2003 comienza a
instalarse en la agenda pública esta temática y convertirse en una
preocupación en el ámbito del Estado, generando interacción entre
distintas agencias.
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En lasdiversas entrevistas con funcionarios fue coincidente la
opinión de que urgentemente debe darse cumplimiento a la
obligación de sancionar las legislaciones penales y procesales que
correspondan para abordar a la trata integralmente.
El sector público se ha mostrado más activo en la materia en los
últimos años, habiendo sido tomadas algunas medidas concretas: la
creación de un punto focal de lalucha contra la trata y Oficina de
Asistencia a las Víctimas (en adelante, OFAVI) y elaborándose tres
proyectos de ley.
Este primer aporte muestra la necesidad de extender sus
intervenciones y prácticas a todos los operadores judiciales. Éstos, en
su mayoría, carecen de los conocimientos específicos (por ejemplo: los
instrumentos legales disponibles) para aplicar un adecuado tratamiento
de loscasos. En esta investigación, con independencia de las
intervenciones de la OFAVI, sólo se encontró una causa judicial en la
que la autoridad interviniente tomó medidas de protección mediante
la invocación expresa de las normas del Protocolo de Palermo.
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Con respecto a campañas de sensibilización, sólo fue posible
identificar dos líneas telefónicas de asistencia: Una para diversos
casosde violencia en el Programa de Víctimas contra las Violencias
del Ministerio del Interior y otra para casos de violencia contra la
niñez y las mujeres en Misiones (línea 102). También cabe citar la
campaña contra la explotación sexual infantil en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. La dificultad es que ninguna de ellas está orientada
directamente a la trata de personas con fines deexplotación sexual.
En la legislación penal vigente, las normas contenidas bajo el
título de «Delitos contra la integridad sexual»
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se ocupan de distintos
aspectos de la trata en normas diversas, comentadas sucintamente a
continuación. Algunas de ellas son las que se utilizan en los casos
que terminan judicializados, aunque no incluyen todos los elementos
de la definición del Protocolo de Palermo.El artículo 127, incisos bis y ter, se ocupa de tipificar la conducta
de quienes promuevan o faciliten la entrada o salida del país de
menores de edad para que ejerzan la prostitución. Constituyen
agravantes del delito: que la víctima sea menor de edad
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, así como
también la utilización de engaño, violencia, amenaza, abuso de
autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción...