Sentencia consejo de estado colombiano de 1914
Páginas: 11 (2531 palabras)
Publicado: 13 de agosto de 2010
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Limites a actos administrativos de Corporaciones o de empleados públicos / CONTROVERSIAS ENTRE PARTICULARES - Competencia de la justicia ordinaria
En el caso sometido a la decisión de esta Superioridad no se trata de resolver sobre la validez o nulidad de un contrato en nombre del Estado. Si así fuera, este Tribunal no tendría jurisdicción. Se tratasolamente de saber si el señor Ministro de Obras Publicas podía decidir sobre una controversia entre particulares, y come ya se ha visto, ni el señor Ministro de Obras Publicas ni este Tribunal tiene jurisdicción. Esta Superioridad insiste sobre este punto porque la Ley 130 de 1913 limita la jurisdicción contencioso administrativa a la revisión los actos de las corporaciones o empleados públicos en elejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas a petición de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y dentro de los límites señalados por la misma Ley. No tratándose en el presente caso de una controversia entre el (Gobierno y un particular con motivo de un contrato celebrado entre los dos, no es aplicable la excepción del ordinal j) del artículo 18 de la Ley 130de 1913), por tanto este Tribunal se considera facultado para fallar el recurso de revisión ejercitado. Por consiguiente el Tribunal deja a la justicia ordinaria el decidir sobre los derechos que puedan alegar sobre el lecho de los ríos San Juan y Condoto tanto la Nación como los señores Daniel O, Stapleton y Henry G Granger, cuando lo crean conveniente acudir a los Tribunales para hacer efectivolos derechos que puedan alegar.
TRIBUNAL SUPREMO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejero ponente: DIEGO MENDOZA
Bogotá, noviembre treinta (30) de mil novecientos catorce (1914)
Radicación número:
Actor: ANGLO COLOMBIAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Demandado: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resolución número 340 dictada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativoen el juicio sobre revisión de las Resoluciones de 8 de septiembre de 1913 y 14 de marzo de 1914, proferidas ambas por el Ministro de Obras Públicas a solicitud del señor Daniel C Stapleton, como apoderado de la Anglo Colombian Development Company Limited.
Los señores doctores Antonio José Cadavid y Miguel Saturnino Uribe Holguín, el primero como apoderado del señor Henry C. Granger, y ademásen su propio nombre, y el segundo en su propio nombre, pidieron en memorial de 30 de abril del año en curso, con audiencia del señor Procurador General de la Nación y de conformidad con las disposiciones de la Ley 130 de 1913, la revisión del ordinal 3° de la parte resolutiva de la Resolución de 8 de septiembre de 1913, dictada por el señor Ministro de Obras Públicas a solicitud del señor Daniel CStapleton como apoderado de la Anglo Colombian Development Company Limited, ordinal en el cual se declaró que no pudieron adjudicarse minas legalmente y de manera válida, por persona o entidad alguna administrativa, de 1887 a 1905, en los lechos de los ríos San Juan y Condoto ; y la revisión de la Resolución de 14 de marzo del año en curso, dictada por el mismo señor Ministro de Obras Públicas,en la cual negó la revocación de aquel ordinal.
Seguido el juicio de revisión conforme a la ley, ha llegado el caso de dictar la resolución definitiva, por estar llenadas las ritualidades legales.
Como se ha dicho, los apoderados del señor Granger piden la revocación del ordinal 3° de la Resolución de septiembre de 1913 y la Resolución de 14 de marzo del año en curso, que negó la revocatoria deaquel ordinal.
El texto del ordinal 3° de aquella Resolución dice:
3º La resolución del punto 3º, o sea el saber si tienen valor legal las adjudicaciones que de los hechos de los ríos San Juan y Condoto hubiere hecho a la Gobernación del Cauca, de 1887 a 1905, para explotar como minas, se desprende de lo ya expuesto.
En efecto: considerando que los ríos son bienes nacionales de uso...
En el caso sometido a la decisión de esta Superioridad no se trata de resolver sobre la validez o nulidad de un contrato en nombre del Estado. Si así fuera, este Tribunal no tendría jurisdicción. Se tratasolamente de saber si el señor Ministro de Obras Publicas podía decidir sobre una controversia entre particulares, y come ya se ha visto, ni el señor Ministro de Obras Publicas ni este Tribunal tiene jurisdicción. Esta Superioridad insiste sobre este punto porque la Ley 130 de 1913 limita la jurisdicción contencioso administrativa a la revisión los actos de las corporaciones o empleados públicos en elejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas a petición de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y dentro de los límites señalados por la misma Ley. No tratándose en el presente caso de una controversia entre el (Gobierno y un particular con motivo de un contrato celebrado entre los dos, no es aplicable la excepción del ordinal j) del artículo 18 de la Ley 130de 1913), por tanto este Tribunal se considera facultado para fallar el recurso de revisión ejercitado. Por consiguiente el Tribunal deja a la justicia ordinaria el decidir sobre los derechos que puedan alegar sobre el lecho de los ríos San Juan y Condoto tanto la Nación como los señores Daniel O, Stapleton y Henry G Granger, cuando lo crean conveniente acudir a los Tribunales para hacer efectivolos derechos que puedan alegar.
TRIBUNAL SUPREMO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejero ponente: DIEGO MENDOZA
Bogotá, noviembre treinta (30) de mil novecientos catorce (1914)
Radicación número:
Actor: ANGLO COLOMBIAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Demandado: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resolución número 340 dictada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativoen el juicio sobre revisión de las Resoluciones de 8 de septiembre de 1913 y 14 de marzo de 1914, proferidas ambas por el Ministro de Obras Públicas a solicitud del señor Daniel C Stapleton, como apoderado de la Anglo Colombian Development Company Limited.
Los señores doctores Antonio José Cadavid y Miguel Saturnino Uribe Holguín, el primero como apoderado del señor Henry C. Granger, y ademásen su propio nombre, y el segundo en su propio nombre, pidieron en memorial de 30 de abril del año en curso, con audiencia del señor Procurador General de la Nación y de conformidad con las disposiciones de la Ley 130 de 1913, la revisión del ordinal 3° de la parte resolutiva de la Resolución de 8 de septiembre de 1913, dictada por el señor Ministro de Obras Públicas a solicitud del señor Daniel CStapleton como apoderado de la Anglo Colombian Development Company Limited, ordinal en el cual se declaró que no pudieron adjudicarse minas legalmente y de manera válida, por persona o entidad alguna administrativa, de 1887 a 1905, en los lechos de los ríos San Juan y Condoto ; y la revisión de la Resolución de 14 de marzo del año en curso, dictada por el mismo señor Ministro de Obras Públicas,en la cual negó la revocación de aquel ordinal.
Seguido el juicio de revisión conforme a la ley, ha llegado el caso de dictar la resolución definitiva, por estar llenadas las ritualidades legales.
Como se ha dicho, los apoderados del señor Granger piden la revocación del ordinal 3° de la Resolución de septiembre de 1913 y la Resolución de 14 de marzo del año en curso, que negó la revocatoria deaquel ordinal.
El texto del ordinal 3° de aquella Resolución dice:
3º La resolución del punto 3º, o sea el saber si tienen valor legal las adjudicaciones que de los hechos de los ríos San Juan y Condoto hubiere hecho a la Gobernación del Cauca, de 1887 a 1905, para explotar como minas, se desprende de lo ya expuesto.
En efecto: considerando que los ríos son bienes nacionales de uso...
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