sentencia c 519 de 2007

Sentencia C-519 de 2007

Problema jurídico: ¿existe o no inconstitucionalidad en el numeral 4 del art. 230 de la ley 906 de 2004?
ARTÍCULO 230. EXCEPCIONES AL REQUISITO DE LA ORDEN ESCRITA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA PROCEDER AL REGISTRO Y ALLANAMIENTO. Excepcionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para que la Policíajudicial pueda adelantar un registro y allanamiento, cuando:
1. Medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar laautorización para el registro.
2. No exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden. En esta eventualidad, se considera que no existe dicha expectativa cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se encuentra abandonado.
3. Se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inundación u otra clase de estragosque pongan en peligro la vida o la propiedad.
4. Se lleve a cabo un registro con ocasión de la captura del indiciado, imputado, acusado, condenado.

El ciudadano Juan Carlos Alzate Franco, demandó el del numeral 4 del art. 230 de la ley 906 de 2004, considerando que la norma acusada, vulneraba el artículo 28 de la Constitución, porque permite que la policía judicial luego de capturar a unapersona lleve a cabo allanamientos y registros sin orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, lo cual iba en contravía a lo preceptuado en la norma constitucional, donde se afirma que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamentedefinido en la ley.
Explicó que la Constitución permite una única excepción al allanamiento, cual es la consagrada en el artículo 32, es decir, "cuando el delincuente sorprendido en flagrancia" huye y se refugia en su domicilio, caso en el que los agentes de la autoridad podrán penetrar en él para aprehenderlo.
Finalmente, afirmó que la norma acusada es contraria a lo dispuesto en el artículo 12 de laDeclaración Universal de los Derechos Humanos, según la cual nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11, según el cual nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su domicilio; y finalmente, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes delHombre, que consagra el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Opiniones de otras entidades:
1. Fiscalía General de la Nación
El Fiscal General de la Nación encargado abogó por la exequibilidad de la norma demandada, al no compartir la interpretación que sobre ella realiza el actor, ni la consecuencia jurídica que de allí deriva, por cuanto con la entrada en vigencia del Acto Legislativo03 de 2002 es función de la Fiscalía General de la Nación ejercer la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, que lleguen a su conocimiento (artículo 250 de la Constitución).
Anota que las medidas de tipo judicial han salido de la competencia general de la Fiscalía para radicarse en cabeza del juez de control de garantías; es decir, lasfunciones relativas a la restricción proporcional y ponderada de derechos fundamentales durante el proceso penal se han trasladado al juez de control de garantías, quien también se constituye en la instancia ante la cual la Fiscalía debe solicitar el decreto de tales medidas.
Por tanto, explica que la autoridad judicial competente a la que se refiere el artículo 28 constitucional, es el juez de...