Servicios Publicos En Colombia

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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS- Régimen jurídico / FUNCION PUBLICA - Prestación de servicio público domiciliario. Excepción / SERVICIOS PUBLICOS - Prestación. Concepto. Constitución de 1991 / PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Actividades consideradas como función pública / SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Controversias contractuales. Jurisdicción competente /SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Responsabilidad extracontractual. Jurisdicción competente
La Sala concluye que la Constitución de 1991 significó un gran cambio en cuanto se refiere a la concepción de los servicios públicos, pues reconoce que el Estado y los particulares pueden concurrir, en condiciones de libre competencia, a su prestación, sin que ello signifique que renuncie a su condición dedirector general de la economía y garante del cumplimiento de la función social de la propiedad. Así, la prestación de los servicios públicos domiciliarios no es considerada, de manera general, como función pública, y será necesario determinar, en cado caso concreto, si la actividad que dio lugar a la controversia es de aquéllas que puede ser considerada como pública. Retomando el asunto inicialy a manera de síntesis, la Sala precisa, entonces, que, en cuanto tiene que ver con la definición de las denominadas “controversias contractuales”, existen normas generales que atribuyen su conocimiento a la jurisdicción contencioso administrativa, si su origen es un contrato estatal (artículo 75 de la Ley 80 de 1993), y existen casos especiales, como el de los servicios públicos domiciliarios, enlos que, en virtud de los artículos 19.15, 31 y 32, entre otros, de la ley 142, será necesario remitirse a los artículos 16 del C.P.C. y 82 del C.C.A. para establecer si, de acuerdo con lo allí dispuesto, la controversia es de competencia de la mencionada jurisdicción. Tratándose de la responsabilidad extracontractual, derogado el artículo 31del Decreto 3130 de 1968, que establecía la competenciade manera clara, no existe una norma legal expresa; por ello, es menester acudir, en orden a definir los asuntos que son de conocimiento de esta jurisdicción, al artículo 82 del C.C.A., como aquí se ha hecho, para establecer, en cada caso, si se trata de una controversia o litigio administrativo, de acuerdo con lo aquí expuesto. En el subjudice, la controversia surge por los daños causados a unparticular como consecuencia falta de mantenimiento de unos cables telefónicos, por lo que no se presenta el ejercicio de una prerrogativa exorbitante del Estado que corresponda al ejercicio del poder público; en consecuencia, la controversia que se está planteando no es, de acuerdo con el art. 82 C.C.A., competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que la misma debe serresuelta por la jurisdicción ordinaria, conforme al artículo 16 del C.P.C. Nota de Relatoría: Doctrina sobre servicio público y función pública

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil cinco (2005)

Radicación número: 50001-23-31-000-2003-00277-01(27673)

Actor: RODRIGO VILLAMIL VIRGÜEZ

Demandado: NACION - MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y OTROS


Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto del 17 de febrero de 2004, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, en el que decidió lo siguiente:
“PRIMERO: RECHAZAR de plano la presente demanda de REPARACIÓN DIRECTAinstaurada por RODRIGO VILLAMIL VIRGÜEZ, contra LA NACIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIONES por carencia de legitimidad por pasiva.”
SEGUNDO: RECHAZAR la presente demanda de REPARACIÓN DIRECTA instaurada por RODRIGO VILLAMIL VIRGÜEZ, contra la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES TELECOM en Liquidación Junta Liquidadora Fiduciaria LA PREVISORA S.A., por carecer esta Corporación de jurisdicción para avocar el...
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