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Derecho Social
Sanchez Castillo Mònica Isabel
El pasado 21 de febrero de 2012, el ministro Cossío Díaz publicó un artículo en el periódico Universal abordando la exigibilidad de los derechos sociales y el reconocimiento constitucional de los derechos a un medio ambiente sano y al agua. El argumento central de Cossío consiste en que los derechos sociales, al igual que los denominados derechosciviles y políticos, son y deben de ser salvaguardados por el Estado mexicano. Si bien es cierto que el contenido de los derechos sociales implica, entre muchas otras, obligaciones positivas a cargo del Estado, el ministro argumenta que esta posición no conlleva a negar su exigibilidad jurídica. El Estado está obligado a satisfacer todos los derechos humanos, independientemente de su naturaleza ocontenido positivo o negativo.

Concuerdo con las ideas planteadas por Cossío; no obstante, considero pertinente formular los siguientes cuestionamientos con el objetivo de abundar sobre el tema de los derechos sociales a la luz del nuevo sistema de protección de derechos humanos en México. Así, dada la nueva configuración del artículo 1º constitucional, ¿existe alguna diferencia entre respetar,proteger y garantizar derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales y culturales? ¿Cuál es la posición internacional en torno a la exigibilidad de los diferentes derechos humanos? ¿Cuál es la relevancia jurídica que las autoridades mexicanas deben otorgar a las decisiones e interpretaciones sobre derechos humanos de los organismos internacionales?

En primer lugar, debe destacarseque el artículo 1º constitucional estableció un sistema de protección de derechos humanos con características muy peculiares: primero, porque expresamente caracterizó a los derechos fundamentales como derechos humanos y, por ende, los dotó de características muy distintivas (universalidad, inalienabilidad, interdependencia y progresividad) y, segundo, debido a que lo que se incorpora al sistemaconstitucional son los derechos humanos y no los tratados internacionales en su conjunto; es decir, lo que tiene rango constitucional son los derechos humanos y no los tratados internacionales.

Lo anterior significa que la jerarquía constitucional se mantiene, lo que se modifica sustancialmente es el abanico de derechos protegidos por la Constitución. Así, por ejemplo, antes de la referidareforma constitucional de 8 de febrero del presente año, la Constitución ya protegía el derecho al agua, pues estaba previsto expresa o implícitamente en diversos tratados internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11 y 12) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 14, párrafo 2).En este sentido, si lo que la Constitución garantiza son los derechos humanos, es consecuente pensar que el contenido de muchos de estos derechos deberá establecerse a partir de las propias normas internacionales y de las interpretaciones de los distintos órganos internacionales. Las autoridades deberán hacer uso no sólo de las sentencias o recomendaciones de la Corte Interamericana y ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, sino de las decisiones de muchos otros organismos del sistema universal o regional de protección de derechos humanos, como los comités de derechos humanos (ej. el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), los relatores especiales de la ONU y las organizaciones de carácter internacional (ej. OMS).

A mi juicio, esta conceptualización deriva de laspautas establecidas en el párrafo segundo del propio artículo 1º constitucional. La Constitución es clara al señalar que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo a la propia Constitución y a los tratados internacionales. En esta línea, son los propios tratados internacionales los que facultan a los organismos internacionales para realizar la interpretación y...