TEMA 8 ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTO Y LA SENTENCIA
I. INTRODUCCIÓN
El recurso contencioso-administrativo es un auténtico juicio entre partes cuya misión es examinar las pretensiones que deduzca la actora por razón de un acto administrativo.
La LJ articula técnicamente el proceso contencioso-administrativo sobre las mismas bases que el proceso civil ordinario.
Al igual que el proceso civil ordinario, elcontencioso-administrativo se orienta, en función del principio dispositivo. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa están obligados, a juzgar «dentro del límite de las pretensiones/formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición».
2. Dualidad de partes. Emplazamiento de las mismas
A) PARTES DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Laregla general del proceso administrativo es que los ciudadanos tengan que adoptar la posición de parte demandante o actora.
La misma posición de demandante puede asumir una Administración respecto de la actuación o inactividad de otra (a los «litigios entre Administraciones públicas» aluden los arts. 44.1 y 46.6), y aun, en fin, la propia Administración autora de un acto administrativo cuandocarezca de la potestad de revisión de oficio de éste, que es el caso del llamado «recurso de lesividad» (art. 103 LPC y art. 19.2 LJ), hoy procedente, desde la reforma de la LPC por Ley de 13 de enero de 1999, cuando pretenda revocar un acto simplemente anulable.
Como parte demandada actúa siempre una Administración Pública, que es aquella respecto de cuya actividad se dirija el recurso, artículo21.1 LJ. Igualmente pueden adoptar la posición de demandados, además de la Administración Pública, que es el caso ordinario, los órganos constitucio¬nales que se enumeran en el artículo 1.3 LJ: Cámaras Legislativas, Tribu¬nal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial, Administración Electoral, más los órganos correlativos de las ComunidadesAutónomas, esto es, Asambleas Legisla¬tivas e instituciones análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pue- .blo; pero, en todos los casos, estos órganos constitucionales sólo son jus¬ticiables en vía contencioso-administrativa en cuanto a los actos y dispo¬siciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujeta al derecho público, no, pues, respecto a su actividadconstitucional principal.
En el recurso de lesividad, que ya hemos notado que es el que interpone la Administración contra un acto propio cuando no lo puede revocar de oficio, en fin, el demandado será el beneficiario del acto cuya nulidad se pretende.
El artículo 21.2 aclara a quién ha de corresponder el papel de Admi-nistración demandada en aquellos supuestos en que entren en juego dos AdministracionesPúblicas distintas ligadas entre sí por una relación de tutela y lo hace en función del resultado de la fiscalización en que la tutela se concreta: si el acto sometido a fiscalización es aprobado, se considera demandada la entidad autora del mismo; si, por el contrario, el resultado de la fiscalización es desaprobatorio del acuerdo de la entidad tutelada, será Administración demandada la entidadmatriz que ha ejercido la fis¬calización.
Una particularidad de la nueva LJ es la de considerar también parte demandada necesaria a la Administración autora de un Reglamento, aun¬que no proceda de ella la actuación recurrida, cuando las pretensiones del demandante se funden en la ilegalidad de dicho Reglamento (art. 21.3), esto es, cuando estemos en presencia del llamado «recurso indirecto» con¬traReglamentos (supra; capítulo IV, § V, 2, B), regulado en el artículo 26 LJ. Esta introducción necesaria en el proceso de la Administración autora del Reglamento cuya legalidad se cuestiona en el momento de su aplica¬ción es una consecuencia del plusvalor que ha dado la nueva LJ a este recurso indirecto contra Reglamentos como instrumento de depuración del ordenamiento, según veremos cuando...