Toma De Muestras

LIC. JOSÉ CARLOS FLORES SILVA (((
LA PRUEBA INVASIVA
SINOPSIS
Este trabajo tiene como objeto dar a conocer al foro las bases de seguridad jurídica que, en mi concepto, deben ser observadas por los juzgadores y, en su caso, por los legisladores para una reforma, cuando el Ministerio Público solicita que el cuerpo del imputado sea objeto de examen científico, toda vez que los diversosdispositivos de los códigos procesales penales que han entrado en vigor en el país son, a mi entender, parcos, ya que sólo es un precepto el que dispone lo conducente, de manera que existe la urgente necesidad de sentar los principios que le den certeza a ese acto.
INTRODUCCIÓN
Intenso debate se ha generado en los países[1] que han implementado el modelo acusatorio sobre la garantía a la noautoincriminación[2], pues para algunos[3], sólo implica que no debe ser sujeto de prueba (no se le puede obligar a emitir una declaración, tanto en forma verbal como escrita) y, por tanto, que es legal practicarla sobre su cuerpo[4], ya sea para extraerle sangre, saliva, cabello o sudor, entre otros, así como inspecciones corporales (objeto de prueba), mientras que otra parte de la doctrina[5], calificadoscomo hipergarantistas, el derecho a no autoincriminarse abarca ambos temas; no obstante lo destacado, lo cierto es que la tendencia internacional, proveniente de órganos de control de legalidad, como de constitucionalidad, sostienen que obligar al imputado para obtener muestras de su cuerpo no trastoca derechos fundamentales[6].
DESARROLLO DEL TEMA
Esta investigación no tiene como finalidaddiscutir sobre la violación o no de derechos fundamentales, sino de proponer reformas a nuestra Constitución Federal y/o a los códigos procesales penales, para fijar los requisitos que los jueces deben observar para que las personas, en caso de renuencia, sean objeto de prueba, en razón de que, hasta ahora, no existen dispositivos reguladores del problema planteado (en el Código Político nada se expresa,como tampoco se hace en los ordenamientos procesales ya aprobados[7]: Baja California (artículo 258[8](, Chihuahua (artículo 130(, Durango (artículo 278(, Morelos (artículo 134 (, Oaxaca (artículo 241( y Zacatecas (artículo 165().
Lo anterior le dará certeza tanto a los juzgadores como a los justiciables, pues tan importante intromisión del Estado sobre el cuerpo de las personas, no debedejarse a la interpretación de la ley que, algunas o muchas veces, es apreciada de manera incorrecta por los operadores del modelo acusatorio.
Además, el establecer contrapesos legales impedirá que los fiscales soliciten, de manera indiscriminada, la obtención de la prueba.
ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS QUE YA ESTÁN IMPLÍCITOS
Como puede advertirse de los preceptos involucrados, es razonablementeentender que allí están inmersos algunos requisitos, pero no todos los que conllevan tomar una prueba de esta naturaleza que incide, directamente, sobre las personas señaladas como imputadas.
Así pues, de lo ya previsto se obtienen, hasta ahora, los siguientes presupuestos:

A) Principio de legalidad: Los preceptos inmediatamente antes mencionados, cuando menos, autorizan la práctica de laprueba[9], lo cual significa que sí está determinado en la ley.
B) Principio de judicialidad: El hecho de que se faculte a un Juez (de Garantía o de Control), para ordenar lo anterior, también se satisface.
C) Principio de fundamentación: Éste debe cumplirse, no sólo porque así lo ordenan los diversos dispositivos procesales mencionados, sino porque todo acto de autoridad debe contener la debidamotivación, por mandato constitucional.
D) Principio de idoneidad o razonabilidad: El legislador, al expresar que sirve para “constatar circunstancias decisivas[10] para la investigación”, limita adecuadamente el fin de la prueba, ya que únicamente procede cuando se trata de esclarecer los hechos y de allí obtener como resultado, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune[11];...