TRABAJO PUBLICIDAD

Publicidad ilícita y competencia desleal por infracción de normas publicitarias
Nerea IRACULIS ARREGUI
Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Mercantil. Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, Nº 7, Julio-Diciembre 2010, pág. 155, Editorial LA LEY
LA LEY 9055/2010
El Derecho español contra la competencia desleal ha sufrido una transformaciónde gran calado, que se extiende al régimen legal de la publicidad. La regulación de la publicidad engañosa y desleal se remite en bloque a lo dispuesto en la nueva Ley de Competencia Desleal. Así, la Ley General de Publicidad, en estos supuestos, deja de ser una norma a efectos de aplicación del art. 15.2 de la Ley de Competencia Desleal. La conclusión es distinta para los casos de ilicitudexclusivamente tipificados en la ley publicitaria.
I. INTRODUCCIÓN
La incorporación de la Directiva 2005/29/CE (LA LEY 6058/2005) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores (en adelante DPCD), ha tenido en nuestro ordenamiento un amplio alcance, toda vez que, de forma más o menosintensa, han resultado afectadas una pluralidad de normas, tanto estatales (1) como autonómicas reguladoras de diversas prácticas comerciales (2) . Las modificaciones principales se han proyectado sobre la Ley de Competencia Desleal de 1991 (3) , por cuanto se trata de «una ley general, capaz de satisfacer la heterogénea demanda social que registra el sector desde la perspectiva unitaria del fenómenoconcurrencial» (4) , en la que se protege a los consumidores de la misma manera que se protege el funcionamiento del mercado y los intereses de los operadores económicos que actúan en el mismo. El resto de las reformas legales introducidas pretenden evitar un fraccionamiento del régimen de represión de la competencia desleal, buscando asegurar la aproximación unitaria del ordenamiento jurídico y,por ende, la seguridad jurídica (5) .
En todo caso no es la primera vez en la que nuestro legislador resulta requerido a fin de transponer una norma comunitaria en materia de represión de las prácticas de competencia desleal (6) . Ahora bien, la armonización sectorial que resultaba de aquellas normas relevantes contra la competencia desleal (7) , distaba mucho de ser satisfactoria desde laperspectiva de la exigencia de contribuir al buen funcionamiento del mercado interior. La legislación de los Estados miembros contra la competencia desleal arrojaba notables diferencias y la situación de inseguridad que reinaba en esta materia constituía el principal problema en el mercado interior. Esa tendencia a una armonización sectorial finaliza con la aprobación de la DPCD, como directiva marco, dearmonización plena (8) . Se trata de una norma que potencia, sobre todo, la protección al consumidor final y, si bien es cierto que las diferencias que encarna en la regulación de la competencia desleal no son tan radicales como parecía (excepto la introducción de un listado de prácticas comerciales desleales contenidas en el Anexo I y la reforma del régimen del acto de engaño por omisión),también es cierto que su incorporación ha comportado una reforma de cierta entidad en nuestro ordenamiento contra la competencia desleal.
Tal y como ha dejado constatado la doctrina, la regulación de las prácticas comerciales desleales de la Directiva pertenecía sistemáticamente al ámbito de la represión de la competencia desleal (9) . Efectivamente, la tutela de los intereses económicos de losconsumidores se encuadra en el llamado modelo social de represión de la competencia desleal, exigido por nuestra Constitución y puesto en práctica por la Ley de Competencia Desleal de 1991, que se basa en el axioma de que en la base de esta rama jurídica figura la protección de un triple interés: el de los competidores, el de los consumidores, y el interés general en el mantenimiento de un sistema...