UDP DDHH 2010 XIV

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Y DERECHOS HUMANOS: EL CASO
DE LA GRAN MINERÍA

SÍNTESIS

Este capítulo analiza los informes de sustentabilidad y las políticas de
responsabilidad social o de derechos humanos que declaran las empresas miembros del Consejo Minero, bajo la perspectiva de debida diligencia propuesta por el Representante Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas para lacuestión de los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. De esta primera revisión, que no es exhaustiva, se resaltan las buenas prácticas, los
desafíos y las inconsistencias desde una mirada de derechos humanos.
Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, debida diligencia,
minería, responsabilidad de actores privados.
INTRODUCCIÓN

Este capítulo fueplanificado y desarrollado antes del accidente en la
mina San José, operada por la minera San Esteban, pero lo sucedido
evidencia cuán indispensable es instalar un mecanismo de fiscalización
independiente, transparente y sin excepciones, que en casos de incumplimiento de las normas de seguridad adopte una sola medida: el cierre
de las operaciones hasta que se cumplan a cabalidad los estándares deseguridad. Imponer multas por incumplimiento implica que el empresario puede decidir cuánto vale la vida de sus trabajadores.
Una empresa minera que no cumpla la ley, y un Estado que no adopte leyes que efectivamente protejan el derecho a la vida de todos sus
habitantes, no actúan con la debida diligencia que les impone el derecho internacional de los derechos humanos. El incidente en la mina San
José yla probable irresponsabilidad de sus dueños y administradores
comprueban que es urgente que la legislación incluya la obligación de

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crear un fondo de indemnizaciones que no dependa de la situación
económica en la cual se encuentre la empresa en cuestión.1
La responsabilidad por la seguridad y por el respeto de los derechos
humanos debe ser compartida entre el Estado, que regula laactividad
minera, y las empresas nacionales e internacionales. Las grandes empresas mineras reunidas en el Consejo Minero de Chile que estudia
este capítulo se encuentran pues ante una doble fiscalización: la de la
ley chilena y la de grupos de interés que observan el impacto de sus actividades en el mundo. Se espera que la atención pública internacional,
además de la legislación del país donde opera,contribuyan al cuidado
con el cual una empresa desarrolla sus actividades. Proporcionalmente,
en Chile las empresas con más de cuatrocientos trabajadores tienen
menores índices de accidentes fatales que aquellas con menos trabajadores.2 Desde el año 2000, un promedio de 34 trabajadores falleció cada
año en la minería chilena.3
En este contexto, otro antecedente es que el Policy Potential Index
delFraser Institute de Canadá,4 que representa los intereses de la industria y de los inversionistas, especialmente canadienses, y que mide
qué tan atractivo es un país para la industria minera, ha evaluado reiteradamente a Chile entre los top ten de los países “favorables para la
inversión minera”, gracias a su estabilidad política y bajos índices de
corrupción,5 pero sobre todo a la regulaciónfavorable y poco onerosa
para las mineras extranjeras que quieran invertir en la exploración y
explotación de cobre, oro, plata, molibdeno, etc. Según el informe 20092010 del Instituto, Chile es la única locación fuera de Canadá y EE.UU.
que recibe esta clasificación.
Según el Fraser Institute, si se considera el “potencial minero” en
relación con las regulaciones aplicables y las “restricciones al usode
tierras”, Chile solo es superado por el estado de Nevada, EE.UU.,6 y sus
regulaciones son de las menos gravosas del mundo para la gran minería. Esta imagen representa importantes oportunidades para Chile y
1 Para un argumento legal desde la perspectiva de los derechos humanos a favor de la prevención de riesgos y accidentes por sobre la compensación, ver Judith Schönsteiner, “Irreparable...