Accion popular

Disposiciones Generales de los Procesos Constitucionales

De Acción Popular e Inconstitucionalidad

A parte del proceso de constitucionalidad nuestro modelo de jurisdicción constitucional cuenta con otro remedio procesal para el control abstracto de las normas infralegales, y básicamente nos estamos refiriendo a los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general,cualquiera sea la autoridad de la que emanen y que atenten contra el principio de legalidad y de constitucionalidad. Este proceso, como se podrá apreciar, es exclusivo del Poder Judicial y así ha venido formando parte en la evolución de nuestro constitucionalismo histórico; de allí de que el Tribunal Constitucional no conoce sensu strictu este proceso. Sin embargo ello no impide que cuando la SalaCivil de alguna Corte Superior conozca una acción popular debe suspender dicho trámite si aprecia que la demanda de Acción Popular se basa en normas respecto de las cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal hasta que éste expida resolución definitiva, de acuerdo a lo establecido en los art. VI segundo párrafo del TP y 80 de C.P. Constitucional[1].

1.- Antecedentes:Hurgar en los orígenes de este instituto puede remontarnos, como mencionan algunos autores[2], hasta el Derecho Romano; así se menciona que el Digesto autorizaba a cualquiera del pueblo (quisque di populo) a ejercitar acciones de carácter penal en asuntos de interés de la comunidad, definiéndose como aquella acción que protege el derecho del pueblo. Ese mismo carácter sancionador sobre los deberesde función puede verse en la Constitución peruana de 1920 (artículo 157) y en la Carta de 1933 (artículo 231).

Sin embargo, la acción popular como garantía constitucional recién puede apreciarse en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 133 de la Constitución de 1933, esta significo un vuelco en la concepción de la acción popular. El constituyente del 32, influenciado por los efectosperniciosos de la dictadura Leguía estructuró un sistema constitucional anti presidencialista. En esa perspectiva su artículo 231º detallo la acción popular no sólo como un medio para denunciar los delitos cometidos por los jueces en el ejercicio de sus funciones, sino que lo amplió para denunciar los ilícitos penales “contra la ejecución de las resoluciones judiciales que cometan los funcionariosdel Poder Ejecutivo”[3].

Es en esa lógica antipresidencialista que la acción popular trastoca su fórmula histórica y tradicional, para convertirse en una acción de control de constitucionalidad de las normas infralegales. El artículo 133º de la constitución de 1933 puntualizaba: “Hay acción popular ante el Poder Judicial contra los reglamentos y contra las resoluciones y decretos gubernativos decarácter general que infrinjan la Constitución o las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad política de los Ministros. La ley establecerá el procedimiento judicial correspondiente”.

Sin embargo, el ejercicio de esta disposición era imposible pues no existía norma procesal que la desarrolle. Esta norma procesal aparece en el artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Nº 14605)donde se estableció que: “La acción que concede el artículo 133º de la Constitución se ejercitará ante el Poder Judicial y se sustanciará en la vía ordinaria, como proceso de puro derecho, con la intervención del Procurador General de la República en representación del Estado”.

Antes de la aprobación de esta Ley, el Poder Judicial declaraba la improcedencia de la acción popular alegando su faltade reglamentación. Después de su aprobación se denegaron los procesos de acción popular bajo el argumento de que el accionante no tenía un interés legítimo para obrar. De este modo la jurisprudencia del Poder Judicial desdibujaba la naturaleza jurídica de un instrumento procesal de enormes potencialidades.

Con una mejor precisión, el artículo 295 de la Constitución de 1979 extiende los...