Administración

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: CUESTIONES PRÁCTICAS DE
ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA ESTATAL Y AUTONÓMICA.

TRABAJO

- En el presente trabajo se comenta la Sentencia del Tribunal Constitucional con número de referencia 220/2003, con fecha de aprobación 15 de diciciembre del 2003.
Publicada en elBoletín Oficial del Estado el día 20 de enero del 2004. Correspondiente a la Sala Primera. Cuyo ponente fue el Señor Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.(Ya fallecido , a la edad de 65 años en Villaviciosa de Odón, Madrid).
Asimismo, La Sala Primera del Tribunal Constitucional estaba compuesta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Presidente, donPablo García Manzano, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio y don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.

- En los hechos que figuran en la Sentencia, se recurre una liquidación de impuesto sobre construcciones, que fue recurrida en reposición por el administrado, sin que se dictase resolución expresa. Al haber transcurrido los plazos legales para la resolución y sin que se hayainterpuesto el recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de los seis meses, la Administración requirió el pago del impuesto, y contra este requerimiento la actora presentó recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. El recurso fue inadmitido al entender que se trataba de un acto reproducción de otro anterior que ha devenido firme y consentido alno haber interpuesto recurso contencioso tras el transcurso del plazo de un año desde la interposición del recurso de reposición y, por tanto, no era un acto susceptible de recurso.
El plazo para la resolución del recurso de reposición era de seis meses, y el plazo para la interposición del recurso contencioso era de otros seis meses.
Interpuesto el recurso de casación ante el TribunalSupremo, éste desestima el recurso al entender que la liquidación devino firme por la resolución desestimatoria tácita del recurso y que el requerimiento de pago era un acto de pura ejecución de un acto anterior consentido y firme.
La recurrente en amparo entendía que la resolución judicial del Tribunal Supremo interpretaba el silencio a favor de la Administración, pues debía recurrirse en víajudicial contra la resolución tácita desestimatoria de un recurso en el plazo de un año, obviando el deber de la Administración de dar respuesta a los recursos que se formulan, so pena de que se tengan por ratificados los actos impugnados por el simple transcurso del tiempo.
El TC, aplicando la doctrina constitucional, sostuvo que no se puede primar la inactividad administrativa convirtiendo laobligación legal de resolver en una opción de hacerlo o no hacerlo, y convirtiendo en una obligación para el ciudadano lo que en realidad era un derecho, es decir, la posibilidad de acudir a la vía judicial. En ese entonces recogida en el art. 94. de la Ley de Procedimiento Administrativo del 17 de julio. El cual decía; cuando se formule alguna petición ante la Administración y ésta no notificare sudecisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá denunciar la mora (tardanza) y transcurridos tres meses desde la denuncia podrá considerar desestimada su petición, al efecto de deducir frente a esta denegación presunta , el correspondiente recurso adminitrativo o jurisdiccional, según proceda o esperar la resolución expresa de su petición. La denegación presunta no excluirá el deber de laadministración de dictar una resolución expresa.

Así entiende que «… el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso… exigiéndosele un deber de diligencia que no le es exigible a la Administración…». Por ello, recuerda el TC que la Ley «… no obliga al ciudadano a recurrir un acto presunto y sí a la Administración a resolver, de forma expresa, el recurso presentado». Por...