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ANTROPOLOGÍA JURÍDICA. De índole más bien pragmático, a sus adherentes les ha incumbido el carácter de pueblos étnicos que han identificado entre los afrocolombianos de las áreas ruralesde ambos litorales, pero que el Estado ha tratado de desconocer, aun después de que entrara en vigencia la Ley 70 de 1993 (Sánchez et al., 1993). Sus practicantes más que todo soncolombianos, pese a que ha habido posiciones metropolitanas que han resultado fundamentales a la hora de iniciar el proceso de titulación, como sucedió con la del antropólogo Shelton Davis delBanco Mundial sobre el Programa Nacional de Manejo de Recursos Naturales. Con seguridad, esos intereses seguirán ampliándose a medida que la industria humanitaria internacional profundicesus vínculos con las gestiones en pro de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Del mismo modo, es predecible que del énfasis central que ha consistido en el apoyoa los consejos comunitarios para que logren la titulación colectiva que contempla la ley en mención, pasen a trajinar con las formas propias de derecho acerca de las cuales sus colegasindianistas ya llevan una larga tradición. Tal sería el caso de las némicas afrocolombianas sobre delitos, contravenciones y castigos o de las acciones de tutela y cumplimiento que lasorganizaciones de la base interponen ante el Estado porque los y las afrocolombianas sean víctimas de discriminación laboral o de la expulsión violenta de sus territorios. En este sentido,al movimiento social le corresponden campañas que demuestren que muchas de las violaciones sociales, políticas y territoriales que han experimentado los indígenas también se han dadocontra los afrodescendientes, sin que hayan motivado las movilizaciones nacionales e internacionales de carácter multitudinario que sí han tenido lugar para casos como el de los indígenas uwa.