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ESTUDIOS

Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones
judiciales*
Jordi FERRER BELTRAN

1. INTRODUCCION
Una de las intuiciones más ampliamente compartidas acerca del derecho es que una de sus funciones principales es dirigir la conducta de los destinatarios de sus normas. Así, se supone que lo que se
pretende al promulgar normas jurídicas es que sus
destinatarios realicen o seabstengan de realizar
determinadas conductas, por ejemplo, pagar impuestos, matar, conducir por la derecha, etc.
No desconozco la presencia entre el material jurídico de disposiciones que no expresan prescripciones y que, por tanto, no dirigen directamente la
conducta de nadie. Sin embargo, creo que puede
decirse que la presencia de prescripciones entre
ese material jurídico es consustancial ala idea de
derecho. Tampoco sostengo que la única pretensión que puede tener el legislador para dictar normas prescriptivas es dirigir la conducta de los destinatarios. Por supuesto, puede tener otras
motivaciones políticas, como por ejemplo otorgar a
la normativa dictada un carácter más bien simbólico, etc. En cualquier caso, sin embargo, creo que,
de forma general, puede sostenerse comoprincipal
la pretensión de motivar la conducta.
Si esto es así, conviene partir de esa intuición
fundamental para determinar la función que cumple
el proceso judicial en el esquema general de funcionamiento del derecho. Acordarán conmigo que
no habré aportado nada a la cultura jurídica común
si digo que el proceso judicial tiene como función
principal la determinación de la ocurrencia dedeterminados hechos a los que el derecho vincula determinadas consecuencias jurídicas y la imposición
de esas consecuencias a los sujetos previstos por
el propio derecho. Esto es, la función del proceso
es la aplicación del derecho.
Pero, aunque esta parezca una verdad banal, tiene importantes implicaciones teóricas respecto de
la determinación judicial de los hechos. En efecto,
ello conlleva quedeba sostenerse que, prima facie,
son las descripciones de esos hechos las que se
incorporan al razonamiento judicial a los efectos de
la aplicación de las normas (en este sentido, cfr.
• Una versión previa de este trabajo fue expuesta en la VI settimana di studio sui diritti del uomo: Ragionevolezza e diritti, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo en junio de
2002.Agradezco a todos los asistentes que me ayudaran a mejorar
esa versión previa. También debo, como siempre, gratitud a Manuel
Cachón, Bruno Celano, Josep L1uis Martí, Michele Taruffo y José
Juan Moreso.

Alchourrón y Bulygin, 1989, p. 313; Bulygin, 1995,
p. 22). De otro modo, los ciudadanos no tendrían
ninguna razón para comportarse conforme con lo
prescrito por el derecho. En otras palabras, sólosi
de alguna forma es la descripción de las conductas
de los destinatarios de las normas lo que se incorpora al razonamiento judicial, esas conductas resultarán relevantes para la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas en las normas; en caso
contrario, si fuera el juez quien constituyera el antecedente fáctico de la aplicación de aquellas consecuencias, no podría motivarse laconducta de los
ciudadanos puesto que ésta resultaría irrelevante al
efecto de esa aplicación 1•
Pues bien, es en ese marco donde es posible
comprender en toda su amplitud el alcance del denominado right to proof. No es casualidad que en
general se considere a ese derecho como una especificación, un derivado, del derecho a la defensa2• Así lo expresa literalmente el artículo 24 de laConstitución española, que reconoce a todo aquél
que es parte en un proceso el "derecho (oo.) a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa'. También se reconoce expresamente ese derecho en el artículo 6.3 d) del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales3. En otros casos,
aunque no se formula constitucionalmente de forma expresa un...