BENITEZ

B. 1147. XL.
Benítez, Aníbal Leonel s/ lesiones graves
Ccausa N1524C.
-1-
S u p r e m a C o r t e:
I
El Tribunal Oral en lo Criminal nº 8 condenó a Aníbal Leonel Benítez a la pena de dos años y seis meses de prisión y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones graves, calificado por haber sido cometido con un arma de fuego (artículos 41 bis y 90 del CódigoPenal).
Contra ese pronunciamiento, su asistencia técnica interpuso recurso de casación con fundamento en que presentaba vicios in procedendo. Sostuvo que se aplicó de manera irracional el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación al no haberse garantizado al imputado, al menos en alguna etapa del proceso, el derecho de controlar las declaraciones.
Alegó que en el juicio no se habíaproducido elemento de cargo alguno en forma debida, pues el tribunal incorporó por lectura la totalidad de la prueba dirimente ya que el debate se realizó en ausencia de la víctima, de los testigos y de su coprocesado, y que las constancias remanentes discurren en derredor de las testificaciones del personal policial que previno, las que también tuvieron que ser leídas para ayudar su memoria.
Concluyó enque resolver de ese modo importó la violación de los derechos de defensa en juicio, del debido proceso, y de interrogar o hacer interrogar a los testigos que consagran los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (fs. 14/18).
II
Al tomar intervención la Sala II de la CámaraNacional de Casación Penal, declaró mal concedida la vía intentada con fundamento en que las normas de carácter constitucional invocadas encuentran complemento en las leyes que reglamentan su ejercicio, en el caso el citado artículo 391, que no fue atacado de inconstitucional.
A esa consideración, agregó que el recurrente no ha demostrado que excluidas las declaraciones cuya integración por lecturase cuestiona, la restante prueba colectada impida arribar a una condena, a la vez que resaltó que el tribunal de juicio consideró especialmente que tales testimonios “sólo fueron computados en la medida que han sido confirmados por otros elementos de prueba” (fs. 20/21).
La defensa dedujo entonces impugnación federal con sustento en el carácter arbitrario de la decisión. Planteó que si bien el aquo declaró la improcedencia de la vía intentada, no la justificó a partir de un análisis de los requisitos formales sino que se pronunció sobre el fondo de la cuestión en forma anticipada, ligera, fragmentaria e infundada.
Sostuvo que la validez constitucional de la citada norma procesal no fue motivo de agravio sino su aplicación irrazonable, que la resolución contiene aseveraciones que no seajustan a lo que surge del legajo y una afirmación dogmática que reproduce de la sentencia del tribunal oral.
Finalmente, alegó que la garantía del debido proceso incluye el derecho al recurso y que las normas sobre su admisión deben ser interpretadas siempre en sentido más favorable a la plena sustanciación y a la consiguiente decisión sobre el fondo del asunto (fs. 22/35).
La apelaciónextraordinaria fue declarada inadmisible con fundamento en que no se rebatieron los argumentos del juzgador y que no bastaba la reiteración dogmática de meras manifestaciones opuestas con anterioridad y ya atendidas, máxime cuando tales objeciones se vinculan con aspectos referidos a la valoración de la prueba, lo que dio origen a esta queja.
III
Si bien la Corte tiene establecido que las decisiones quedeclaran la improcedencia de los recursos interpuestos ante los tribunales de la causa no justifican, dada su naturaleza procesal, el otorgamiento del recurso federal (Fallos: 302:1134; 307:474; 313:77; 319:399 y 326:4693), también ha reconocido la excepción a ese principio cuando se realiza un examen de los requisitos que debe reunir la apelación con inusitado rigor formal que frustra una vía apta...