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Derecho Administrativo
Como señala el preámbulo de la Ley Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998, es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho, ello por la misión que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, incluida la potestad reglamentaria y de garantía de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanosfrente al ejercicio de las potestades públicas de que está investida la Administración. En suma, por ser un instrumento al servicio de la tutela judicial efectiva y para garantizar el sometimiento de las Administraciones Públicas al imperio de la Ley.
Ámbito y extensión de la jurisdicción contencioso-administrativa. Conforme a lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Constitución, tiene asignado elcontrol de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo, ya proceda de órganos integrados en una Administración, o equiparados a ésta por disposición de la Ley, como las Entidades de Derecho público o de otros órganos públicos, que no forman parte de la Administración, como es el caso de los órganos constitucionales, cuando su actividadtenga, por su contenido y efectos, una naturaleza materialmente administrativa. Es también el caso de las corporaciones de Derecho público, como los colegios profesionales, por ejemplo (V. corporaciones de Derecho público).


No obstante, el ámbito material de la Jurisdicción quedaría muy incompleto si aquélla se limitara a enjuiciar las pretensiones que se deduzcan en relación con lasdisposiciones de rango inferior a la Ley, con los Decretos legislativos, cuando excedan los límites de la delegación y con los actos y contratos administrativos en sentido estricto. Lo que realmente importa y lo que justifica la existencia de la propia jurisdicción contencioso-administrativa es asegurar, en beneficio de los interesados y del interés general, el sometimiento de la Administración al Derechoen todas las actuaciones que realiza en su condición de poder público y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponden. No toda la actuación administrativa se expresa a través de reglamentos, actos administrativos o contratos públicos, sino que la actividad prestacional, las actividades negociales de diverso tipo, las actuaciones materiales, las inactividades u omisiones de actuacionesdebidas expresan también la voluntad de la Administración, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la Ley y sujeta por tanto a control jurisdiccional. En esta línea, la Ley precisa la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que se susciten en relación no sólo con los contratos administrativos, sino también con los actos separables depreparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas, de forma que se garantice la observancia de los principios generales que han de regir, por imperativo constitucional y del Derecho comunitario europeo, el comportamiento contractual de los sujetos públicos.
Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten enrelación con la responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Los principios de su peculiar régimen jurídico son de naturaleza pública y la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a través de un mismo tipo de procedimiento administrativo. Por eso se unifica la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la jurisdicción contencioso-administrativa, garantizando así launiformidad jurisprudencial, salvo, como es lógico, en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisión de una infracción penal (V. responsabilidad patrimonial).


La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, lo que es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos...