Caso de tribunal

 116 D.P.R. 197 (1985) PUEBLO V. PÉREZ ZAYAS

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EL PUEBLO DE PUERTO RICO, apelado
vs.
GILBERT PÉREZ ZAYAS, acusado y apelante

Núm. CR-83-73
116 D.P.R. 197
13 de marzo de 1985

SENTENCIA de Jorge A. Busigó Cifre, J. (Bayamón), que condena al acusado por robo e infracción al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Modificada, y seconfirma.

APOSTILLA

1. REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL--FALLO Y SENTENCIA--SENTENCIA EN GENERAL--CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O AGRAVANTES--EN GENERAL--Las disposiciones de la Regla 171 de Procedimiento Criminal son complementarias a las del Art. 60 del Código Penal, con relación a las circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.
2. ID.--ID.--ID.--ID.--ID--Elestablecimiento de un método para ponderar los criterios relativos a las circunstancias agravantes y atenuantes, a los fines de la imposición de la pena, es función que corresponde al proceso legislativo, y no al Poder Judicial en su función adjudicativa.
3. ID.--ID.--ID.--ID.--ID--En el ejercicio de su función adjudicativa y al amparo de la Sec. 12 del Art. II de la Constitución del Estado LibreAsociado, los tribunales deben velar porque no se impongan castigos crueles e inusitados.
4. DERECHO PENAL--CASTIGO Y PREVENCIÓN DE DELITOS--CASTIGOS CRUELES E INUSITADOS--EN GENERAL--La disposición de la Sec. 12 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, que prohíbe los castigos crueles e inusitados, requiere penas proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, noarbitrarias; requiere en fin, la imposición de la pena menos restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone.
5. ID.--ID.--ID.--ID--Aunque normalmente el Tribunal Supremo no interviene con el ejercicio de la discreción del juez de instancia en la imposición de la pena, en ocasiones puede intervenir para moderar la pena, bajo los corolarios de la prohibición constitucional contra castigoscrueles e inusitados.


Elías González Mathews, abogado del acusado.
Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Lirio Bernal de González, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.



PER CURIAM
El apelante fue convicto tras juicio por [P198] jurado del delito de robo y de dos infracciones a la Ley de Armas. Se le impuso una sentencia de veinte años por el delito de roboy de cinco años por cada una de las infracciones a la Ley de Armas. Las sentencias habrían de cumplirse en forma consecutiva. El procesado ha acudido en alzada ante este foro, donde argumenta que el tribunal de instancia debió haber estimado su moción sobre atenuantes y no dictar sentencia con agravantes.
El acusado le señaló al tribunal de instancia los hechos siguientes en calidad deatenuantes:
1. El acusado nunca había sido convicto de delito alguno.
2. El acusado tiene 22 años de edad.
3. El acusado es padre de familia con un hijo de cuatro años de edad a quien tiene que sostener económicamente.
4. El acusado es estudiante universitario en el Recinto de Cupey de la Universidad Interamericana.
5. Ninguna persona resultó herida en el curso de la comisión de los delitos ni sedisparó arma de fuego alguna por el acusado.
Es incuestionable que algunos de estos hechos constituyen circunstancias atenuantes bajo las disposiciones de la Regla 171 de Procedimiento Criminal,1 complementaria [P199] *200 del Art. 60 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3284.2
Del otro lado, el Ministerio Público estableció la existencia de las circunstancias agravantes siguientes, todasmencionadas específicamente en la Regla 171:
1. Se trató de un robo a mano armada, con el consiguiente peligro para la vida de los asaltados, empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vega Baja. Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716, 739--740 (1981).
2. El delito envolvió la apropiación de una gran cantidad de dinero. La suma envuelta en este caso montó a $44,280.17.
3. El acusado...