Caso Loayza Tamayo VS Peru 1

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Loayza Tamayo Vs. Perú
Sentencia de 17 de septiembre de 1997
(Fondo)

En el caso Loayza Tamayo,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:
Hernán Salgado Pesantes, Presidente
Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente
Héctor Fix-Zamudio, Juez
Alejandro Montiel Argüello, Juez
Máximo Pacheco Gómez, Juez
OliverJackman, Juez y
Alirio Abreu Burelli, Juez;
presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Víctor M. Rodríguez Rescia, Secretario adjunto interino
de acuerdo con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), dicta la
siguiente sentencia sobre el presente caso.
I
1.
El 12 de enero de 1995 laComisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte
Interamericana un caso contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el
Perú”) que se originó en una denuncia (Nº 11.154). En su demanda, la Comisión
invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(en adelante “la Convención” o “laConvención Americana”) y 26 y siguientes del
Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) entonces vigente1. La
Comisión sometió este caso para que la Corte decidiera si hubo violación de los
siguientes artículos de la Convención: 7 (Derecho a la Libertad Personal), 5
(Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección
1
Reglamento aprobado por la Corte en su XXIIIperíodo ordinario de sesiones celebrado del 9 al 18 de
enero de 1991; reformado el 25 de enero de 1993 y 16 de julio de 1993.

2
Judicial), en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención, por la supuesta
“privación ilegal de la libertad, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes,
violación a las garantías judiciales y doble enjuiciamiento con base en los mismos
hechos, de María ElenaLoayza Tamayo, en violación de la Convención” y del artículo
51.2 de la Convención por haberse negado a “dar cumplimiento a las
recomendaciones formuladas por la Comisión”. Además pidió que declare que el
Perú “debe reparar plenamente a María Elena Loayza Tamayo por el grave daño -material y moral-- sufrido por ésta y, en consecuencia, [que] orden[ara] al Estado
peruano que decrete su inmediatalibertad y la indemnice en forma adecuada” y lo
condene al pago de las costas de este proceso.
II
2.
La Corte es competente para conocer el presente caso. Perú ratificó la
Convención el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia de la Corte el 21 de
enero de 1981.
III
3.

La Corte resume los hechos de la demanda de la siguiente manera:
a.
El 6 de febrero de 1993 la señora María Elena LoayzaTamayo,
peruana, profesora de la Universidad San Martín de Porres, fue arrestada
junto con un familiar suyo, el señor Ladislao Alberto Huamán Loayza, por
miembros de la División Nacional contra el Terrorismo (en adelante
“DINCOTE”) de la Policía Nacional del Perú, en un inmueble ubicado en Calle
Mitobamba, Manzana D, Lote 18, Urbanización los Naranjos, Distrito de los
Olivos, Lima, Perú. De acuerdocon la Ley de Arrepentimiento, aprobada por
el Decreto-Ley Nº 25.499, Angélica Torres García, conocida como “Mirtha”,
capturada el 5 de febrero de 1993, denunció a la señora María Elena Loayza
Tamayo.
Asimismo, indica que el Estado peruano, sin observar el
procedimiento de verificación de la indicada ley y su reglamento, arrestó al
día siguiente a la señora Loayza Tamayo sin orden expedida por laautoridad
judicial competente como presunta colaboradora del grupo subversivo
Sendero Luminoso.
b.
La señora María Elena Loayza Tamayo estuvo detenida por la DINCOTE
desde el 6 hasta el 26 de febrero de 1993 sin haber sido puesta a disposición
del Juzgado Especial de la Marina, en contravención del artículo 12.c del
Decreto-Ley Nº 25.475 (delito de terrorismo). En la DINCOTE permaneció 10
días...