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MAGISTRADO-PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA


El 1° de octubre de 2002 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Asamblea Nacional, el oficio Nº sns-1.344 librado ese mismo día, por el cual se remitió ejemplar de la LEY ORGÁNICA CONTRA LA CORRUPCIÓN, sancionada por ese organismo en sesión del 20 de septiembre de 2002, conjuntamente conla Exposición de Motivos del mencionado instrumento, copias certificadas de las actas correspondientes a la primera y segunda discusión y su sanción, a los fines de que esta Sala se pronunciara acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En esa misma ocasión se dio cuentaen esta Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Estando dentro del término previsto en el mencionado artículo 203 de la Constitución, este Tribunal se pronuncia acerca de lo peticionado para lo cual hace las siguientes consideraciones:
I
CONTENIDO DE LA LEY

Examinado el contenido del identificado instrumentojurídico, remitido a este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, por el órgano legislativo respectivo, para la emisión del pronunciamiento correspondiente a su carácter orgánico, se observa que se trata de una ley que versa y regula el fenómeno de la corrupción cuyo pretendido nombre es “LEY ORGÁNICA CONTRA LA CORRUPCIÓN”, y su objeto es, de acuerdo con el artículo 1 “...elestablecimiento de normas que rijan las conducta que deben asumir quienes estén sujetos a esta Ley, a los fines de salvaguardar el patrimonio público y combatir la corrupción, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad, consagradosen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación y sanción que corresponderá a quienes infrinjan las disposiciones y se constituyan en actos, hechos u omisiones que causen un daño al patrimonio público”.
El instrumento normativo que se examina se encuentra compuesto de Cinco Títulos, identificados y consistentes en lo siguiente:
El Título I, contiene las“Disposiciones Fundamentales”, integrado a su vez por tres capítulos. El primero denominado “Disposiciones Generales”; se define su ámbito subjetivo de aplicación; el concepto de funcionario público, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Estatuto de la Función Pública; el concepto de patrimonio público. El Capítulo Segundo se denomina “Principios para Prevenir la Corrupción y Salvaguardar elPatrimonio Público”, contentivo, en general, de normas que desarrollan principios constitucionales y establecen directrices dirigidas a los funcionarios y empleados públicos para el desempeño de sus funciones y el correlativo derecho de los particulares a acceder a la información y otras formas de participación relacionadas con tal ejercicio. En el Tercer Capítulo identificado “Declaración Jurada dePatrimonio” se reglamenta esta figura jurídica a la que el capítulo debe su nombre, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
En el Título II “De las Sanciones” se incluyen dos capítulos. Uno denominado “De las Sanciones Administrativas y su Procedimiento” que contiene un catálogo de multas, independientesde la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria; y el otro, “De las Medidas Preventivas”, de acuerdo con el cual el Contralor General de la República puede solicitar que se acuerden medidas de carácter preventivo, con el objeto de asegurar la presentación de la declaración jurada de patrimonio u otros documentos relacionados con el patrimonio del funcionario; además, se...