Demanda derechos colectivos y difusos

DEMANDA POR INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS

TRIBUNAL COMPETENTE:

En materia de competencia en todas las acciones referidas a los intereses difusos y colectivos, la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que le deberá corresponder el conocimiento de las acciones que tengan por objeto la tutela de intereses difusos y colectivos, mientras la Ley no loatribuya a otro tribunal. En consecuencia, ni el contencioso administrativo, ni la justicia ordinaria o especial son competentes, a juicio de la Sala, para declarar y hacer efectivos estos derechos salvo que la Ley disponga lo contrario.
Así lo estableció por medio de la precitada decisión de fecha 30 de junio de 2000 (Caso Dilia Parra Guillén), al sostener que esa tutela le correspondía por cuanto,en su criterio, ello constituye materia del dominio de lo constitucional y, por ende, de la jurisdicción constitucional que a ella exclusivamente le corresponde, ya que “estos derechos de defensa de la ciudadanía vienen a ser el desarrollo de valores básicos de la Constitución y del derecho positivo, por lo que debe corresponder a esa Sala Constitucional el conocimiento de tales acciones,mientras la ley no lo atribuya a otro tribunal”.

Esta exclusividad de la jurisdicción constitucional para conocer de todos los asuntos sobre intereses difusos y colectivos ha sido ratificada por la Sala en decisiones de fecha 22 de agosto de 2001 (Caso: Asodeviprilara) y 19 de febrero de 2002 (Caso: Ministerio Público vs Colegio de Médicos del Distrito Federal) al establecer que “de las acciones quese ejerzan con ocasión de los derechos e intereses difusos o colectivos, será competente esta Sala Constitucional (...) hasta tanto no se haya dictado una ley procesal especial que regule estas acciones”.

Sin embargo, debe destacarse que esta competencia no es propia de la Sala Constitucional y así lo reconoce cuando sostuvo que el conocimiento que viene ejerciendo en este tipo de acciones, esde eminente carácter provisional, hasta tanto no sea dictada la legislación procesal especial que regule la materia, esto es, la relativa a la jurisdicción contencioso administrativa. Precisamente, en la aludida decisión de fecha 30 de junio de 2000, la Sala expuso que “mientras la ley no regule y normalice los derechos cívicos con que el Estado Social de Derecho -según la vigente Constitución-se desenvuelve, es a la Sala Constitucional, debido a que a ella corresponde con carácter vinculante la interpretación de la Constitución (artículo 335 eiusdem), y por tratarse del logro inmediato de los fines constitucionales, a la que por esa naturaleza le compete conocer de las acciones para la declaración de esos derechos cívicos emanados inmediatamente de la Carta Fundamental, y así sedeclara. De esta manera, ni el contencioso administrativo, ni la justicia ordinaria o especial, son competentes para declarar y hacer efectivos estos derechos, a menos que la ley lo señale”.

Igualmente, la Sala Constitucional, en sentencia del 19 de Diciembre de 2003, caso: Fernando Acejo y otros, ratificada el 06 de Diciembre de 2005, en el caso: Yecenia Farías, claramente precisó el carácterprovisional de dicha competencia, en los siguientes términos:
“…De las acciones que se ejerzan con ocasión de los derechos e intereses difusos o colectivos, será competente esta Sala Constitucional para conocer de ellas hasta tanto no se haya dictado una ley procesal especial que regule estas acciones, o exista un señalamiento concreto en la ley sobre cual es el Tribunal competente.

Evidentemente,lo provisorio que caracteriza el ejercicio de esta competencia absorbida por la Sala Constitucional, responde a la inmediatez que supone, la aplicación inmediata del precepto contenido en el artículo 26 de la Constitución, y la ausencia de norma adjetiva que regule, tanto la competencia para conocer de esta acción, como el procedimiento para darle cauce formal.

Sin embargo, cabe aclarar que...