Democracia

Con este libro el autor entra en una polémica abierta sobre si el origen democrático de los gestores públicos debe o no reducir la extensión y la intensidad del control judicial sobre su actuación.

Esta edición, la quinta en cinco años, aporta reflexiones nuevas sobre las anteriores. En concreto, se ha añadido una explicación de cómo, tras la última Ley de la jurisdicciónContencioso-administrativa de 1998, y conforme a la jurisprudencia explícita anterior a esta Ley, la vieja y problemática categoría de los actos políticos o de gobierno, como actos exentos de control contencioso-administrativo, ha quedado definitivamente eliminada en nuestro Derecho, novedad de extraordinaria trascendencia, en el sentido preciso en que este libro ha venido propugnando desde sus primeras ediciones.Estas sucesivas adiciones subrayan aún más la significación del principio del debate general en que este libro se produce, que toca a principios esenciales del Estado de Derecho en nuestro país. Su éxito, ante los lectores, que no es común

El haber tenido al estudiar la carrera de Derecho ciertas lagunas de conocimientos sobre materias enmarcadas en el Derecho Público -concretamente en elDerecho Administrativo- supone siempre que, tarde o temprano, ese desconocimiento te pasa la factura que hay que pagar reconociendo la ignorancia. No voy a explicar ahora las causas -que son muchas- de mi salida universitaria con el ayuno a cuestas sobre el Derecho Administrativo. Terminaba la segunda guerra mundial y por aquel entonces
PARTE PRIMERA
DEMOCRACIA Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA
I. Lapolémica sobre el control judicial de la discrecionalidad y su utilidad para la revisión de las doctrinas básicas del Derecho Administrativo
II. El argumento del origen democrático del Ejecutivo. El origen no democrático del Derecho Administrativo del XIX. La intensificación de las técnicas de control judicial tras la democratización. Woehrling y Braibant
III. La justificación del desarrollo delDerecho Administrativo en los regímenes autoritarios del XIX. La nueva idea de la legalidad y la «libertad de los modernos». La democracia no supone sustituir el «gobierno de la Ley» por el «gobierno de los hombres» designados electoralmente
IV. La explicación de la adopción bajo el franquismo dela Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1956. La supresión delcontencioso-administrativo durante seis años, su restablecimiento parcial en1944, el texto refundido de 1952, la Ley de Expropiación de 1954. La formación del texto de 1956; el interés del régimen por adoptar una apariencia liberalizadora y la réplica a la Comisión Internacional de Juristas. El intento frustrado de reforzar la excepción de acto político
V. La inadecuación del concepto de representación política paraexplicar la posición de los administradores. La Constitución reserva la representación a las Cámaras Legislativas. Los conceptos de la Revolución francesa. La actuación de la Administración es siempre un quid alliud respecto de la Ley
VI. La corroboración de esos conceptos en la explicación sociológica del sistema democrático por Kelsen. La posición de la Administración en una «democracia de lalegislación». La necesidad democrática de la jurisdicción administrativa
VII. La inoportunidad de la concepción jacobina de la representación como identidad. La idea fuerza revolucionaria es la de libertad. La Ley como garantía dela libertad y como expresión de la voluntad general. La voluntad general monopoliza la representación política. El autogobierno local
VIII. Excursus sobre la democracia,la fórmula política imprescindible. No es un simple procedimiento de designación de gobernantes. La libertad como componente esencial. Algunas tesis de Touraine. Democracia y justicia administrativa
IX. Sigue el argumento anterior. La interpretación de Sartori: La democracia como régimen abierto, la oposición y la libre iniciativa de los ciudadanos
X. Las circunstancias particulares de las...