Derecho Administrativo
Páginas: 20 (4885 palabras)
Publicado: 24 de abril de 2011
Las facultades jurisdiccionales de los entes reguladores (a propósito del caso “Angel Estrada”)
por Juan Carlos Cassagne
Sumario:
I. Trascendencia del fallo y cuestiones involucradas. II. La interdicción del ejercicio de funciones judiciales por parte del Ejecutivo. Su fuente en la Constitución de Cádiz de 1812. III. El reconocimiento de facultades jurisdiccionales aórganos de la Administración: sus límites constitucionales. IV. Conclusiones.
Trascendencia del fallo y cuestiones involucradas
La reciente sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Angel Estrada”[1] no puede menos que ser calificada de notable y lo es por varias razones que seguidamente pasamos a exponer en forma sucinta.
Como los hechos y lascuestiones planteadas en la causa han sido debidamente difundidas en distintos diarios y revistas jurídicas especializadas, vamos a circunscribir este comentario al núcleo del debate suscitado en el juicio.
Ese debate giró sobre el alcance de las facultades del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica), atribuidas por el art. 72 de la ley 24.065, para resolver controversias.En tal sentido, dicho artículo prescribe:
“Art. 72: Toda controversia que se suscite entre generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios, con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad, deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente.
Es facultativo para los usuarios, así comopara todo tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en este artículo, el someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del ente”.
En lo esencial, el eje de la cuestión discutida en el pleito pasaba por determinar si la atribución de facultades jurisdiccionales al ENRE para resolver “toda controversia” que se plantee entrelas empresas distribuidoras y los usuarios comprenderá o no los reclamos de daños y perjuicios que éstos últimos dedujeran contra las concesionarias, lo cual incluye desde el procedimiento probatorio, la determinación del tipo y alcance de responsabilidad, así como el juzgamiento acerca de los eximentes de ella (caso fortuito y fuerza mayor en el supuesto de haberse invocado) hasta el cálculofinal de la indemnización (en caso de hacerse lugar al reclamo).
La cuestión debatida contenía un punto central consistente en determinar si la pretensión deducida por la actora implicaba un asunto destinado a ser resuelto con arreglo a las prescripciones del Código Civil o si, en cambio, se trataba de un asunto sustancialmente regido, en forma excluyente, por el régimen estatutario del marcoregulatorio y las cláusulas del contrato de concesión, es decir, por el derecho administrativo.
Lo destacable de este caso radica en la circunstancia de que la Corte aprovecha la oportunidad para sentar una serie de principios y criterios que configuran una verdadera política judicial, no dejando, prácticamente, cuestiones de hermenéutica fundamentales sin abordar. Ello implica unaimportante contribución a la seguridad jurídica.
De ese modo, en el marco de la reiterada concepción (no siempre debidamente advertida) acerca de las funciones jurisdiccionales que ejercen determinados órganos o tribunales administrativos, la Corte ha considerado oportuno, al resolver este caso, actuar como verdadero intérprete final de la Constitución, profundizando la interpretación delprincipio de separación de poderes, el carácter judicialista de la Constitución y su armonía con la garantía de la defensa en juicio de las personas y sus derechos (art. 18 CN)[2].
Pero, además de profundizar esos principios a la luz de la nueva realidad que exhibe la actuación de los entes reguladores, desarrollando una serie bastante completa de criterios complementarios para justificar o...
por Juan Carlos Cassagne
Sumario:
I. Trascendencia del fallo y cuestiones involucradas. II. La interdicción del ejercicio de funciones judiciales por parte del Ejecutivo. Su fuente en la Constitución de Cádiz de 1812. III. El reconocimiento de facultades jurisdiccionales aórganos de la Administración: sus límites constitucionales. IV. Conclusiones.
Trascendencia del fallo y cuestiones involucradas
La reciente sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Angel Estrada”[1] no puede menos que ser calificada de notable y lo es por varias razones que seguidamente pasamos a exponer en forma sucinta.
Como los hechos y lascuestiones planteadas en la causa han sido debidamente difundidas en distintos diarios y revistas jurídicas especializadas, vamos a circunscribir este comentario al núcleo del debate suscitado en el juicio.
Ese debate giró sobre el alcance de las facultades del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica), atribuidas por el art. 72 de la ley 24.065, para resolver controversias.En tal sentido, dicho artículo prescribe:
“Art. 72: Toda controversia que se suscite entre generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios, con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad, deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente.
Es facultativo para los usuarios, así comopara todo tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en este artículo, el someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del ente”.
En lo esencial, el eje de la cuestión discutida en el pleito pasaba por determinar si la atribución de facultades jurisdiccionales al ENRE para resolver “toda controversia” que se plantee entrelas empresas distribuidoras y los usuarios comprenderá o no los reclamos de daños y perjuicios que éstos últimos dedujeran contra las concesionarias, lo cual incluye desde el procedimiento probatorio, la determinación del tipo y alcance de responsabilidad, así como el juzgamiento acerca de los eximentes de ella (caso fortuito y fuerza mayor en el supuesto de haberse invocado) hasta el cálculofinal de la indemnización (en caso de hacerse lugar al reclamo).
La cuestión debatida contenía un punto central consistente en determinar si la pretensión deducida por la actora implicaba un asunto destinado a ser resuelto con arreglo a las prescripciones del Código Civil o si, en cambio, se trataba de un asunto sustancialmente regido, en forma excluyente, por el régimen estatutario del marcoregulatorio y las cláusulas del contrato de concesión, es decir, por el derecho administrativo.
Lo destacable de este caso radica en la circunstancia de que la Corte aprovecha la oportunidad para sentar una serie de principios y criterios que configuran una verdadera política judicial, no dejando, prácticamente, cuestiones de hermenéutica fundamentales sin abordar. Ello implica unaimportante contribución a la seguridad jurídica.
De ese modo, en el marco de la reiterada concepción (no siempre debidamente advertida) acerca de las funciones jurisdiccionales que ejercen determinados órganos o tribunales administrativos, la Corte ha considerado oportuno, al resolver este caso, actuar como verdadero intérprete final de la Constitución, profundizando la interpretación delprincipio de separación de poderes, el carácter judicialista de la Constitución y su armonía con la garantía de la defensa en juicio de las personas y sus derechos (art. 18 CN)[2].
Pero, además de profundizar esos principios a la luz de la nueva realidad que exhibe la actuación de los entes reguladores, desarrollando una serie bastante completa de criterios complementarios para justificar o...
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