Derecho Penal
Páginas: 6 (1304 palabras)
Publicado: 24 de enero de 2013
ANALISIS DE LA SENTENCIA Nª 626 DEL 13 DE ABRIL DEL 2007
De los planteamientos expuestos en dicha sentencia se deduce que el caso, interpuesto por las ciudadanas MARIA LENYS PASCATILLO URPIN, ANARKALI JIMENEZ DE ROVAIN Y LICY DEL CARMEN BETANCOUR concubinas de los quejosos MARCO JAVIER HURTADO, HECTOR JOSE ROVAIN Y JOSE ARUBE PEREZ SALAZAR en representación de los ciudadanos JULIO RAMONRODRIGUEZ SALAZAR, RAFAEL NEAZOA LOPEZ, RAMON HUMBERTO ZAPATA ALFONZO, ERASMO JOSE BOLIVAR Y LUIS ENRIQUE MOLINA CERRADA ante un amparo constitucional por los actos cometidos en el caso de puente Llaguno, aún cuando tienen más de dos años en régimen de detención (…), lo cual es contrario a la previsión legal del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, no pueden hacerse acreedores de una medidacautelar sustitutiva de esa prisión judicialmente decretada, porque su enjuiciamiento actual lo es por delitos contra los derechos humanos, ya que se encuentran acusados penalmente por privación arbitraria del derecho a la vida, valor supremo protegido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 43 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, y típicamente entendido como Homicidio, que en el caso que nos ocupa se relaciona con la muerte de varias personas que, al parecer, fueron impactadas por disparos provenientes de las armas de reglamento que estos portaban el 11 de abril de 2002, en la Avenida Baralt de la ciudad de Caracas, cerca del denominado Puente Llaguno, cuando desempeñabanactivamente sus funciones de agentes del Estado Venezolano, investidos de autoridad y con el equipamiento que prevé la administración para cumplir con la función policial”.
Ante el anterior fundamento, cabe resaltar que el Ministerio Público opinó que la acción de amparo constitucional propuesta debía ser declarada sin lugar recalcando , que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29constitucional los imputados por violaciones contra los derechos humanos no pueden gozar de beneficio procesal alguno. En efecto, la representación del Ministerio Público alegó que frente a los imputados no operaba la consecuencia jurídica de la norma contenida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, a su entender, los hechos acusados constituían violaciones a los derechos humanos,lo cual, según el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, imposibilitaba que se le otorgara a aquellos beneficio procesal alguno.
Por las consideraciones expuestas, este tribunal supremo de justicia en sala constitucional, administrando justicia en nombre de la república por autoridad de la ley, declara sin lugar la acción de amparo constitucional interpuestapor las ciudadanas maría lenys pascatillo urpin, anarkali jiménez de rovain y licy del carmen betancourt, con el carácter de cónyuges de los ciudadanos marco javier hurtado, héctor josé rovain y josé arube pérez salazar, en su orden, y en representación de los ciudadanos julio ramón rodríguez salazar, rafael neazoa lópez, ramón humberto zapata alfonzo, erasmo josé bolívar y luis enrique molinacerrada, en contra de la
decisión dictada, el 21 de julio de 2005, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que declaró sin lugar la apelación interpuesta contra la decisión dictada, el 1 de mayo de 2005, por el Juzgado Cuarto de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad de los referidosquejosos.
Por ello para finalizar el presente análisis se deduce que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia , como argumento crucial para la calificación, del atentado a los derechos humanos, de los hechos por los cuales se juzga penalmente a los demandantes de amparo, señaló que “dicho delito constituye una violación al derecho humano a la vida recogido en el artículo 43...
De los planteamientos expuestos en dicha sentencia se deduce que el caso, interpuesto por las ciudadanas MARIA LENYS PASCATILLO URPIN, ANARKALI JIMENEZ DE ROVAIN Y LICY DEL CARMEN BETANCOUR concubinas de los quejosos MARCO JAVIER HURTADO, HECTOR JOSE ROVAIN Y JOSE ARUBE PEREZ SALAZAR en representación de los ciudadanos JULIO RAMONRODRIGUEZ SALAZAR, RAFAEL NEAZOA LOPEZ, RAMON HUMBERTO ZAPATA ALFONZO, ERASMO JOSE BOLIVAR Y LUIS ENRIQUE MOLINA CERRADA ante un amparo constitucional por los actos cometidos en el caso de puente Llaguno, aún cuando tienen más de dos años en régimen de detención (…), lo cual es contrario a la previsión legal del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, no pueden hacerse acreedores de una medidacautelar sustitutiva de esa prisión judicialmente decretada, porque su enjuiciamiento actual lo es por delitos contra los derechos humanos, ya que se encuentran acusados penalmente por privación arbitraria del derecho a la vida, valor supremo protegido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 43 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, y típicamente entendido como Homicidio, que en el caso que nos ocupa se relaciona con la muerte de varias personas que, al parecer, fueron impactadas por disparos provenientes de las armas de reglamento que estos portaban el 11 de abril de 2002, en la Avenida Baralt de la ciudad de Caracas, cerca del denominado Puente Llaguno, cuando desempeñabanactivamente sus funciones de agentes del Estado Venezolano, investidos de autoridad y con el equipamiento que prevé la administración para cumplir con la función policial”.
Ante el anterior fundamento, cabe resaltar que el Ministerio Público opinó que la acción de amparo constitucional propuesta debía ser declarada sin lugar recalcando , que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29constitucional los imputados por violaciones contra los derechos humanos no pueden gozar de beneficio procesal alguno. En efecto, la representación del Ministerio Público alegó que frente a los imputados no operaba la consecuencia jurídica de la norma contenida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, a su entender, los hechos acusados constituían violaciones a los derechos humanos,lo cual, según el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, imposibilitaba que se le otorgara a aquellos beneficio procesal alguno.
Por las consideraciones expuestas, este tribunal supremo de justicia en sala constitucional, administrando justicia en nombre de la república por autoridad de la ley, declara sin lugar la acción de amparo constitucional interpuestapor las ciudadanas maría lenys pascatillo urpin, anarkali jiménez de rovain y licy del carmen betancourt, con el carácter de cónyuges de los ciudadanos marco javier hurtado, héctor josé rovain y josé arube pérez salazar, en su orden, y en representación de los ciudadanos julio ramón rodríguez salazar, rafael neazoa lópez, ramón humberto zapata alfonzo, erasmo josé bolívar y luis enrique molinacerrada, en contra de la
decisión dictada, el 21 de julio de 2005, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que declaró sin lugar la apelación interpuesta contra la decisión dictada, el 1 de mayo de 2005, por el Juzgado Cuarto de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad de los referidosquejosos.
Por ello para finalizar el presente análisis se deduce que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia , como argumento crucial para la calificación, del atentado a los derechos humanos, de los hechos por los cuales se juzga penalmente a los demandantes de amparo, señaló que “dicho delito constituye una violación al derecho humano a la vida recogido en el artículo 43...
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