El arresto ciudadano

LA INCONVENIENCIA DEL ARRESTO CIUDADANO

Dr. Gino Ríos Patio

I.- INTRODUCCIÓN

El artículo 260 del nuevo Código Procesal Penal establece que en los casos previstos en el artículo 259, toda persona podrá proceder al arresto de otra que se encuentre en estado de flagrancia delictiva. En tal caso, debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyen el cuerpo del delito a ladependencia policial más cercana o al policía que se halle por las inmediaciones. El artículo 259 aludido dispone que la policía detendrá sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrancia delictiva. Añade que existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y el autor es descubierto (flagrancia estricta) o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haberrealizado el acto punible (cuasi flagrancia) o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo (flagrancia presunta). La facultad que otorga a toda persona el dispositivo legal citado, ya se encuentra vigente en los lugares donde el nuevo Código Procesal Penal está en vigor. Dentro de muy poco tiempo, a partir del 1 de julio de 2009, lo estará en Lima y ello ha originadouna polémica, que es conveniente contribuir a esclarecer analítica y objetivamente, desprovistos de apasionamientos coyunturales. Arrestar significa detener, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Privar de libertad por un tiempo breve. Se dice del acto de una autoridad de aprehender a alguien. Naturalmente, esta acción implica el uso de la fuerza, que es lacapacidad para aplicar el poder físico o moral. Es decir, se trata de un acto violento o de una acción realizada contra el natural modo de proceder. Lo cual nos lleva a ser sumamente cuidadosos al examinar la posibilidad de establecer esta facultad para las personas particulares. El Estado es una creación humana y es un instrumento al servicio del hombre, que tiene entre sus fines dar seguridad integral alos ciudadanos. Para ello cuenta con órganos públicos que expresan su voluntad en los distintos ámbitos del quehacer nacional y con órganos públicos que son depositarios de la totalidad del poder estatal, los cuales emplean legítimamente la fuerza pública. Con el arresto ciudadano se aplicará la fuerza particular. Por tal razón, a través del mecanismo de la culpa in eligendo, el Estado respondesolidariamente con su agente por una eventual responsabilidad civil generadora de daños y 1

perjuicios en agravio de las personas contra las que se ha empleado indebida, excesiva o desproporcionalmente la fuerza pública. La responsabilidad penal es de carácter personal y entre las causales de justificación de un ilícito penal se encuentran el cumplimiento de un deber o el actuar por disposiciónde la ley, circunstancias que en el caso que nos ocupa no se verificarían por cuanto el artículo 260 establece, por un lado, una facultad y no un deber a cumplir; y por otro lado, dicho dispositivo legal no prescribe compulsivamente ni dispone que una persona detenga a otra en flagrancia delictiva. Entonces, liminarmente ya tenemos un problema, relacionado con una eventual responsabilidadobjetiva por daños y perjuicios derivados del ejercicio de la facultad otorgada. En otras palabras, el Estado le está diciendo al ciudadano, podrás detener (si así lo deseas) pero quedas sujeto a responder por los daños y perjuicios que tu acción (que sólo puede ser ejercida con violencia particular) pueda causar, además que tú mismo puedes sufrir algún daño personal en el intento, que el Estado no teresarcirá. El riesgo anotado esteriliza el supuesto fundamento de la facultad conferida por el dispositivo legal en cuestión, consistente en la promoción y fomento de la solidaridad social en casos delictivos, toda vez que el riesgo de tener que responder económicamente por ayudar a otro, tendrá un costo muy oneroso para el eventual beneficio social al que se aspira. No olvidemos que “La defensa...