EL DEBIDO PROCESO Y EL PODER JUDICIAL EN PENAL

EL DEBIDO PROCESO Y EL PODER JUDICIAL EN COLOMBIA
28MAY

DEBIDO PROCESO Y EL PODER JUDICIAL EN COLOMBIA
El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso deba observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública. El debido proceso debeentenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio.
En Colombia, “toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos eintereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes”. [1]
El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa,los cuales constituyen verdaderos derechos fundamentales. También comprende el principio de tribunal o juez imparcial.
La garantía del tribunal imparcial permite contar con órganos jurisdiccionales que aseguren a las personas que sus controversias serán decididas por un ente que no tiene ningún interés o relación personal con el problema, y que mantendrá una posición objetiva al momento deresolverlo. En consecuencia, la imparcialidad de los tribunales implica que las instancias que conozcan cualquier clase de proceso no deben tener opiniones anticipadas sobre la forma en que los conducirán, el resultado de los mismos, compromisos con alguna de las partes, etc. Asimismo, esta garantía obliga al magistrado a no dejarse influenciar por el contenido de las noticias o las reacciones delpúblico sobre sus actuaciones, por información diferente a la que aparece en el proceso, ni por influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas de cualquier sector.
El principio de igualdad impone a fiscales, jueces y magistrados el deber de hacer efectiva la igualdad de los sujetos procesales en desarrollo de la actuación y respetando los derechos y garantías que le asisten alindiciado, sindicado o procesado, es deber del funcionario judicial hacer valer preferentemente el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Para otorgarle a los sujetos procesales estas garantías la fiscalía de oficio o a petición de parte conforme el presunto delito a imputar, debe acopiar todo el material probatorio suficiente para establecer con precisión los hechosfrente a los que debe obtenerse el nivel de conocimiento que exige el Ordenamiento Procesal Penal Colombiano para decidir (ordenar archivo, solicitar preclusión, acusar, solicitar condena, entre otros aspectos), a partir del análisis de la conducta denunciada o conocida de oficio y del tipo penal o los tipos penales en que esta pueda enmarcarse[2].
Tales pruebas comprenden las de cargo y a favordel procesado a fin de garantizar el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y demás principios que involucran el debido proceso.
Desde esa perspectiva, es necesario tener claro que el adecuado manejo de las evidencias o de las pruebas por parte del fiscal tiene como objetivo mediático enterar al juez de las circunstancias que rodearon una acción con trascendencia penal y como objetivofinal, propender por la materialización de la justicia, que en el área penal se logra con el esclarecimiento y la sanción de las conductas que afectan en mayor proporción las garantías fundamentales, es decir, las conductas punibles  o con la absolución de los ciudadanos frente a quienes no haya sido posible desvirtuar el principio de presunción de inocencia[3].
En tal sentido las pruebas son...