Extincion De Dominio

EXTINCION DE DOMINIO EN COLOMBIA

1. INTRODUCCION Durante los últimos años, Colombia ha experimentado una pérdida de sus valores sociales como producto de la búsqueda de dinero fácil promovida por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y lavado de activos. A esto se le suma la problemática de corrupción que afecta el desempeño del Estado. Por lo tanto, el gobierno ha buscadoinstrumentos jurídicos que conduzcan a evitar que los patrimonios adquiridos ilícitamente se incrementen. Y que en los casos necesarios le permitan al Estado perseguir los bienes fraudulentamente obtenidos. Dentro de este contexto, el gobierno colombiano necesita herramientas como la extinción del dominio de bienes ilícitamente adquiridos con el fin de imponer una sanción de naturaleza pecuniariaque de alguna manera le permita al Estado reparar el daño que se le ha causado. Es así que, para repudiar y erradicar toda fuente de riqueza ilícita, la Constitución Política de l.991 instituyó, en el aparte segundo del artículo 34, el deber poder del Estado de declarar por sentencia judicial la extinción del dominio "sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio deltesoro público o con grave deterioro de la moral social"1. Este mandato constitucional es ampliamente desarrollado por la Ley 333 de 1996, referente a la extinción de dominio de bienes adquiridos ilícitamente, la cual define tal concepto como la pérdida del derecho de dominio en favor del Estado
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Proyecto de Ley “por el cual se desarrollan los artículos 34 y 58 de la Constitución Política enmateria de Extinción del Dominio” en www..minjusticia.gov.co/prov/minjusti/dom-mot.htm

sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna. Esta normatividad pretende combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, proteger los derechos constitucionales y legales de las personas honradas, el mantenimiento de la estructura estatal y el rechazo normativo social de la acumulaciónde riqueza proveniente de actividades ilícitas. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia y sus políticas fuertes en materia de reformas en las distintas áreas del gobierno, entidades estatales y de lucha intensiva contra el narcotráfico y los grupos alzados en armas, se llegó a la medida extrema de decretar el Estado de Conmoción Interior. En este marco, el gobierno ha presentadonuevas propuestas legislativas como es el Decreto Número 1975 de 2002 (septiembre 3). Esta iniciativa busca abreviar los juicios de extinción de dominio de los bienes incautados a los delincuentes como mecanismo para luchar contra la ineficacia de los procesos planteada por la Ley 333. En este orden de ideas, por medio de un análisis económico del derecho se busca comparar estas dos legislacioneshaciendo énfasis en sus impactos en la sociedad, en la generación de incentivos para su cumplimiento, en los costos y fallas que implican su aplicación. Todo este análisis lleva a concluir sobre la eficacia o ineficacia de las dos legislaciones.

2. RELEVANCIA DE LA LEY EN EL CONTEXTO COLOMBIANO "El enriquecimiento ilícito ha sido un factor de corrupción social en Colombia, no sólo por lo queimplica el delito en sí mismo, sino porque quienes lo cometen hacen ostentación ante los demás con bienes lujosos que en verdad no les pertenecen y que no fueron obtenidos como fruto del trabajo honrado. (...) Esta realidad se ha extendido de forma que hoy atenta contra la propia estabilidad de la Nación y de sus instituciones" (Cfr. Gaceta Constitucional, No. 46, Lunes 15 de Abril de l.991, Pág. 27).De esta situación de impunidad se ha derivado un ejemplo letal para la comunidad. Los ciudadanos se sienten desestimulados frente al esfuerzo de buscar sustento y progreso en actividades legales que no traen como compensación la fácil obtención de bienes costosos, cuando al tiempo ven expuestas ante sus ojos las riquezas conseguidas en forma fácil y rápida por quienes infringen la ley” 2.

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