Fallo bahia blanca

En la ciudad de La Plata, a los 24 días del mes de noviembre de dos mil nueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Alberto Mahiques y Fernando Luis María Mancini (art. 451 in fine del C.P.P., según ley 13.812), con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causaNº37.293, caratulada “V., D. s/recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MAHIQUES – MANCINI.
El tribunal en lo criminal N°7 de Lomas de Zamora condenó con fecha 9 de diciembre de 2008 a D. V. a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito delesiones gravísimas.
Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación el señor letrado defensor particular del imputado, doctor José María López.
Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar la siguiente cuestión:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada elseñor juez doctor Mahiques dijo:
I) El impugnante alegó que en función de todas las pruebas reunidas durante la etapa investigativa resultaba inequívoco que su defendido actuó en defensa propia, de sus hijos menores de edad y de sus derechos, frente a una agresión ilegítima de quien resultó víctima, habiendo existido el empleo de un medio racional para impedir dicha agresión, y no habiendoprovocación suficiente por parte del acusado.
Sostuvo que la condena de su asistido no constituye una derivación razonada del derecho vigente, en atención a las circunstancias comprobadas de la causa, y dicha falta de fundamentación debe llevar a descalificar el fallo como acto jurisdiccional válido.
Denunció la violación de los artículos 1º, 2, 106, 209, 210, 371, 373 y 375 del CódigoProcesal Penal; 14, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 10, 15, 56, 168 y 171 de la Constitución Provincial; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 5, 12, 19, 29 inciso 3º, 34 incisos 4 y 6, 40, 41, 41 bis, 45 y 91 del Código Penal.
Cuestionó que el a quo no haya tenido por acreditada laexistencia de un arma en poder de la víctima o de alguno de sus acompañantes, habiendo recurrido para ello a argumentos contradictorios, ya que dicho extremo surge de los testimonios de Yesica Medina y de María del Carmen Pereyra, los cuales a su vez son contestes con lo manifestado por el imputado.
Señaló que el grupo de personas que se dirigió al domicilio de su asistido para agredirlo a ély a su familia conformaban una pequeña agrupación local que se dedicaba, entre otras cosas, a provocar desmanes en el barrio, realizar actos de violencia, y atacar al encausado. Agregó que por ello no resulta en modo alguno sorprendente que ellos hayan negado tener un arma en su poder, o que la poseyera Carlos Alberto Torres.
Advirtió que la autocontradicción en la evaluación del materialprobatorio se verifica especialmente en la valoración de los testimonios de María del Carmen Pereyra y de Jorge Omar Medina, a los cuales el tribunal de grado parcializó, merituando positivamente aquello que resultaba favorable para su postura, y desechando aquello que la contrariaba. Resaltó a su vez que Yésica Medina también dijo que el “Bambino” se encontraba armado, y no solo Torres, por loque su testimonio no se contradice con el de la primera de las nombradas.
La defensa se agravió a su vez de que no se haya aplicado al caso el instituto de la legítima defensa.
Observó que los dichos de D. V. se encuentran corroborados por el resto de las pruebas adunadas a este proceso, y que, como queda bien en claro a partir de su declaración prestada en la oportunidad prevista...