fallo


Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A(CFedCordoba)(SalaA)




Fecha: 
01/06/2001

Partes: 
Administración Federal de Ingresos Públicos - D.G.I. c. Hemodinamia Río Cuarto S.R.L. - ejecución fiscal


Publicado en: 
REVISTA IMPUESTOS 2001-B (N° 13)



SUMARIOS:
1. El procedimiento previsto por el art. 18 de la ley 25.239 -modificatorias del art. 92 de la ley 11.683-afecta el principio republicano de división de poderes, desde que se le han asignado al Poder Administrador claras facultades jurisdiccionales, a punto tal que resulta difícil y complejo dirimir quién, en definitiva, resulta ser titular del ejercicio jurisdiccional.
2. Las disposiciones del art. 18 de la ley 25.239 -modificatorias del art. 92 de la ley 11.683- afectan del principio de igualdadde las partes en el proceso, en razón de ser insuficiente la intervención del magistrado en el caso que el demandado haya opuesto excepciones, puesto que no impide el posible daño infringido al accionado, quien aún antes del pronunciamiento del sentenciante, ya pudo verse afectado en la libre disponibilidad de sus bienes por decisión de un mero funcionario del Poder Administrador, ajeno al PoderJudicial.
3. Las disposiciones del art. 18 de la ley 25.239 -modificatorias del art. 92 de la ley 11.683- implican un claro agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio y debido proceso, ello por cuanto la administración de justicia la ejercen los órganos judiciales -y no el Poder Administrador- y en este caso concreto pareciera ser que la función de aquél permanece "latente" yexpectante a lo que decida, haga o deje de hacer el agente fiscal dependiente de la A.F.I.P..
4. El inciso 5 del art. 18 de la ley 25.239 -modificatorio del art. 92 de la ley 11.683- contradice lo consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional, ya que si el accionado no interpone excepciones procesales, el pleito no culmina de modo normal, cual es el dictado de una sentencia, sino que seprescinde de la misma y se la reemplaza por una mera "constancia", quedando así expedita la vía de ejecución de la deuda perseguida.
TEXTO COMPLETO:
El doctor Becerra Ferrer dijo:
I. Llegan los presentes autos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 66/67 por la parte autora; en contra de la resolución de fs. 56/64. El escrito de expresión de agravios corre agregadoa fs. 69/74.
La recurrente se queja, en síntesis, porque el inferior declaró la inconstitucionalidad de los incs. 5 y 7 del art. 18 de la ley 25.239, que sustituye el art. 92 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y, en consecuencia, declara la nulidad de todos los actos procesales cumplidos en autos, con costas a su parte, arguye que el decisorio cuestionado consagra el quiebre de la doctrina y lajurisprudencia dominante, agregando que constituye una resolución lapidaria para los intereses y los fines propios del Estado Nacional, cual es entre otros su facultad indelegable de percibir los tributos e impuestos nacionales. Afirma que le agravia la desnaturalización del proceso ejecutivo, desde que se consagra el quiebre de las normas procesales que rigen el proceso, al admitirse una defensa(inconstitucionalidad) no prevista ni por el art. 92 de la Ley de procedimiento Fiscal 11.683 ni por el art. 544 del C.P.C.C.N., normas éstas que revisten el carácter de taxativas, quebrantando de este modo principios de igualdad de partes, ley aplicable y el debido proceso. Cita doctrina y jurisprudencia y, en resumen, solicita a esta alzada que revoque el fallo dictado, por haberse acogido una defensainadmisible dentro del proceso de Ejecución Fiscal. Subsidiariamente manifiesta que el rito procedimental establecido por la ley 25.239 de ninguna manera conculca, restringe y avasalla los derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes, ni aspira a reemplazar la autoridad de los magistrados o menoscabar la misma, desde que los jueces asumen su rol de directores del proceso y...