Inconstitucionalidad decreto 18 - 2008

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ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
La aplicación de la Ley de Reforma Agraria (LRA) o Decreto 170 había descendido a su nivel más bajo a finales de la década de los 80, pero con el gobierno de Rafael Callejas, iniciado en 1990, se eliminó ese proyecto de desarrollo y justicia social y se promovió la concentración de la propiedad apoyándose para ello en la Ley de Modernización y Desarrollo del SectorAgrícola (LMDSA), promulgada en 1992.
La imposibilidad de aplicar las únicas causales de afectación que no fueron eliminadas de la LRA – función social y sobretechos- por lo engorroso de los trámites y la aplicación de otras medidas gubernamentales, todas enmarcadas en el modelo neoliberal, cumplían con aquel objetivo, pero su impacto negativo fue aún mayor al abrir espacios para la venta de tierrasdel sector reformado.
Y el estímulo para la venta de tierras provino principalmente del impacto negativo en la economía de los campesinos causado por las nuevas políticas agrarias y agrícolas. El campesino sin tierra perdió las esperanzas de ser dueño de una parcela de tierra y los asentados en el sector reformado se enfrentaron al mercado nacional con mayores desventajas frente a lasimportaciones, debido a que con la LMDSA se eliminaron o redujeron sustancialmente los servicios gratuitos del Estado (capacitación, crédito, asistencia técnica y apoyo a la comercialización) y, al mismo tiempo, se eliminaron los aranceles a la importación de productos agrícolas subsidiados en sus países de origen, que convirtieron a la pequeña producción del sector reformado y no reformado en una empresainviable que llevó a la desesperanza y a la quiebra a muchos productores.

La políticas agrícolas apuntaron a lo que los neoliberales entienden por “seguridad alimentaria” que es el acceso a alimentos con los ingresos que producen los “cultivos competitivos” en el mercado internacional, tal el caso de la palma africana, bananos, café, melones y otros, poniendo en mayor estado de precariedad lasoberanía alimentaria.

Como la “mesa estaba servida” era el momento oportuno para “quitarle la traílla [correa] al perro de cacería”[1], como escribió Roger Norton, el redactor de la LMDSA, refiriéndose a los compradores de tierra (empresarios rurales, bancos, especuladores) y, como lo previó, se inició y ensanchó la compra de tierras del sector reformado.

 De las 385,000 hectáreas asignadas a lareforma agraria de 1972 a 1990 se han vendido por lo menos más de 100,000 de las mejores tierras, entre las que destacan las tierras de de alta fertilidad de los valles del Aguán y Leán, y, como era de esperarse, tales acciones no produjeron bienestar a la población como prometían los diseñadores del modelo neoliberal aplicado a Honduras.
Al contrario, la pobreza creció y la inequidad seextremó. Una investigación[2] sobre la pobreza rural señala que “Utilizando como línea de pobreza el costo de la canasta básica en el área rural, se obtiene que 2.8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75% de la población rural y más del 70% de los pobres de todo el país. Y que “el ingreso medio del 20% más ricode la población en las áreas rurales es casi 30 veces más elevado que el ingreso del 20% más pobre.”
La migración del campo a la ciudad, a los EEUU, a Europa y a otros países aumentó, principalmente de la población más joven que ahora forma parte de los más de 1 millón cien mil hondureños que emigraron de 1990 al 2004[3] (65% entre los 15 y 29 años[4]).
EL DECRETO 18-2008
Bajo la presión de lasorganizaciones campesinas y otras organizaciones sociales, el Congreso Nacional consideró tres razones para promulgar el Decreto  18-2008: a) la necesidad de resolver  los conflictos generados por los derechos de ocupación y posesión que sobre la tierra han venido ejerciendo campesinos y campesinas (mora agraria); b)  que la Constitución de la República establece que la reforma agraria es un...
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