Ingeniero

Que “En dicho proceso la recurrente acudió a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa basando su pretensión, en que a su entender la relación jurídica que mantuvo con la Fundación Salud del Estado Monagas se encontraba regida por normas de derecho administrativo funcionarial, previstas en la Ley del Estatuto de la Función Pública; y en consecuencia, alegando la ausencia deprocedimiento administrativo, la falta de aplicación de normas estatutarias para poner fin a la relación, es decir, toda una pretensión sustentada en el derecho funcionarial. No obstante, de acuerdo a la doctrina especializada, el régimen de personal aplicable a los empleados de las Fundaciones del Estado, entendidas éstas como entes descentralizados funcionalmente que desarrollan su actividad comopersonas jurídicas de Derecho Privado, es el régimen ordinario de derecho común previsto en la Ley Orgánica del Trabajo; por lo tanto las personas que laboran en entes como FUNDASALUD no se encuentran sujetos al régimen especial estatutario y en consecuencia, no pueden ser catalogados como funcionarios públicos”.

            Contra el anterior pronunciamiento jurisdiccional, la solicitanteconsidera que “(…) la Corte debió proceder, en vez de declarar la inadmisión de la consulta, muy por el contrario, a hacer uso de dicho mecanismo para tutelar el orden público constitucional, en cuanto al tema del régimen de competencia de los órganos jurisdiccionales del contencioso administrativo, así como los intereses patrimoniales del Estado involucrados, y de esta manera, incluso de oficio, revocarel fallo que se le sometía a consulta, ya que razones de orden público, [insiste], en virtud de competencia por la materia (juez natural), resultaba claro a todas luces que el fondo de la controversia escapaba del régimen jurídico de la función pública y por lo tanto su conocimiento y juzgamiento debía ser declinado al juez ordinario laboral, y no por el a quo, tal como lo ha señalado este máximotribunal tanto en Sala Social, así como esta honorable Sala Constitucional; y Así (sic) [solicita] sea apreciado”.

La solicitante sostiene que la sentencia objeto de revisión contraviene el ámbito de competencias que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conforme a lo pautado en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “(…) ello en razón dela verdadera naturaleza de la relación jurídica que vinculó a las partes, la cual no corresponde a un vínculo regido por el derecho administrativo, ni funcionarial, sino de naturaleza meramente jurídico-laboral; infracción que se traduce en un menoscabo al orden público institucional, (donde se encuentran regulados los principios rectores de la organización jurisdiccional), y que por si fuerapoco, se traduce en una patente violación al Derecho que asiste a [su] representado a ser Juzgado por el Juez Predeterminado por la Ley (Art. 49 ordinal 4° CRBV -sic-)”.
            En ese sentido, destacó que “(…) el régimen de personal aplicable a los empleados de las Fundaciones del Estado, entendidas éstas como entes descentralizados funcionalmente que desarrollan su actividad como personasjurídicas de Derecho Privado, es el régimen ordinario de derecho común previsto en la Ley Orgánica del Trabajo; por lo tanto las personas que laboran en entes como FUNDASALUD no se encuentran sujetas al régimen especial estatutario y en consecuencia, no pueden ser catalogados como funcionarios públicos”.
 
            Que “(…) la Corte en el fallo objeto de revisión, OMITE por completo hacer eldebido pronunciamiento en cuanto al necesario análisis de la pretensión deducida en autos, con la finalidad de establecer la verdadera competencia para dirimir la controversia planteada, incurriendo así en un error patente que lesiona el orden público que regula el régimen de competencias jurisdiccionales, a los fines de garantizar la transparencia, idoneidad y la efectividad de la tutela que emana...