Irretroactividad de la jurisprudencia

I. INTRODUCCION: LA SEGURIDAD JUIÚDICA Y LA PROHIBICION DE RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PENALES
La idea de seguridad jurídica está estrechamente vinculada al princi- pio de legalidad de los delitos y de las penas, y así se viene reconociendo desde que el pensamiento ilustrado convirtió en lema fundamental la reflexión de que «sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y estaautoridad debe residir ŭnicamente en el legislador», tal como escribe Manuel de LARDIZÁBAL, que lo toma literalmente de BECCARIA 1. El principio de legalidad implica, bajo este punto de vista, certeza, confianza, seguridad para el ciudadano, entendidas en sentido formal —como reserva absoluta de la ley para defmir los delitos y sus penas—, y en sentido mate- rial, es decir, como previsión calculable delos actos propios y garantía de la orientación que se va a dar al comportamiento personal 2•
Una de las manifestaciones materiales del principio de legalidad en el ámbito del Derecho penal es tanto la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos desfavorables, como de aplicarlas a hechos cometi- dos con anterioridad a su entrada en vigor y, de igual forma, en sentido
1 Manuel deLARDIZÁBAL Y URIBE, Discurso sobre las penas, Madrid 1782, p. 70; cfr. C. BECCARIA, De los delitos y de las penas, traducción de F. Tomás y Valiente, Madrid 1974, 74.
2 Estas ideas se encuentran plasmadas con toda precisión en nuestros clásicos; baste citar a José Marcos GUTIERREZ, Discurso sobre los delitos y las penas, p. 34, en Práctica criminal de Esparia, ffi, 2. aed., Madrid 1819, cuando comenta queentre los requisitos de las penas es uno que las prescriba el legislador, pues de otro modo «reinarían la arbitrariedad, ignorancia, incertidumbre, confusión y desorden en las causas criminales, y no sabrían los ciudadanos, como deben saberlo, y es muy conveniente lo sepan, calcular los peligros y males a que les exponían sus delitos».
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perjudicial para el afectado. Setrata del reconocimiento de un ámbito de libertad al individuo, frente al derecho de castigar del Estado, y que desde los clásicos hasta nuestros días se resume en el pensamiento de que hay que estimar permitido todo aquello que no se halla expresamente prohibido 3.
El principio de irretroactividad en el marco del Derecho penal debe ser entendido además como una de las exigencias propias delEstado de Derecho 4. El artículo 9.3 de la Constitución proclama, en este sentido, «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales». Es la norma básica de nuestro orde- namiento jurídico en cuestiones de irretroactividad, y sobre ella es preciso construir el alcance y significado que debe darse al principio. El resto de las disposicionescon un contenido penal que hacen referencia al tema —dentro de la propia Constitución, así, el artículo 25.1, o fuera de ella, como los artículos 1, 2, 23, 24, 80 y 81 del Código penal— no pueden ser interpretados sino en función de la inicial declaración que contiene el artículo 9.3 de la Constitución. Además, adviértase que el artículo 25.1 de la Constitución es por sí solo insuficiente paracomprender toda la trascen- dencia de la prohibición de retroactividad en materia penal pues, en rigor,
3 Cfr. Francisco de CÁRDENAS, «De los delitos y de las circunstancias legales que lo constituyen, segŭn los artículos 1.° y 2.° del Código penal», en El Derecho Moderno. Revista de Jurisprudencia y Administración, VI, Madrid 1849,271: «Consiste la libertad civil en hacer todo aquello que no estéexpresamente prohibido por la ley, y semejante facultad sería iluso- ria si no estuvieramos seguros de que una ley posterior no había de castigar las acciones que practicáramos con arreglo a otra anterior». Puede consultarse, en el mismo sentido, Wind- fried HASSEMER, Fundamentos del Derecho penal, Traducción y notas de F. Muñoz Conde y L. Arroyo Zapatero, Barcelona 1984, pp. 313 y ss.; Reinhart...