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Introducción
Para la fecha en que Caldera escribe su libro (1960), los funcionarios públicos estaban excluidos del Derecho Laboral, esto en aplicación de la Ley del Trabajo de 1936 (Art. 6), y aún no había sido aprobado un instrumento normativo especial para esta clase de sujetos laborales.
La Constitución de 1999 contempló la necesidad de una Ley que estableciera el Estatuto de la FunciónPública, con el alcance previsto (Art. 144) y la determinación de ciertas condiciones para el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores del sector público (Arts. 95, 96 y 97).
La Ley del Estatuto de la Función Pública, normativa vigente desde 2002, derogó la Ley de Carrera Administrativa (1970), y rige las relaciones de empleo público entre los funcionarios y las administracionespúblicas nacionales, estadales y municipales. Por mandato legal quedan excluidos de su aplicación los funcionarios públicos al servicio del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial, del Poder Ciudadano, del Poder Electoral, de la Procuraduría General de la República, del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera Tributaria (SENIAT), los funcionarios a que ser refiere la Ley delServicio Exterior, los obreros al servicio de la Administración Pública y los miembros del personal directivo, académico, docente, administrativo y de investigación de las universidades nacionales.
Esta Ley define al funcionario público como “toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada,con carácter permanente” (Art. 3).
En la doctrina patria, Lares Martínez define a los funcionarios públicos como “los individuos que, en razón de nombramiento de autoridad competente o de otro medio de derecho público, participan en el ejercicio de funciones públicas, al servicio de las entidades públicas estatales” (2002: 360).
Las definiciones consideradas sobre funcionario público, de tipolegal y doctrinario, son complementarias.
La Ley sobre Función Pública establece que los funcionarios públicos son de carrera o de libre nombramiento y remoción (Art. 19).
Funcionarios de carrera son “quienes habiendo ganado el concurso público, superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remunerados con carácter permanente” (ibidem).
La condición de funcionariospúblicos de carrera asegura a éstos derechos exclusivos (Capítulo III, Título III, Arts. 30 al 32), entre los que figuran los derechos colectivos laborales.
Se califican como funcionarios de libre nombramiento y remoción “aquéllos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley” (ibidem).
Quedan así claramente determinadas las clasesde funcionarios públicos en la legislación venezolana.
Considerando que la producción petrolera constituye la principal fuente de ingreso del país, es importante dejar asentado que los empleados de la Industria Petrolera Nacional, concretamente al servicio de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a partir de la vigencia del Decreto-Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001), tienen el carácter defuncionarios públicos, y por cuanto no fueron excluidos del ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se rigen por esta Ley. Esta condición no se les reconocía en la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, derogada por el Decreto-Ley, por cuanto aún cuando PDVSA es una Empresa Estatal (todo el capital accionario corresponde a laRepública), expresamente así se establecía en esta última (Art. 8). En todo caso, sólo los trabajadores de la nómina contractual (empleados no profesionales y los obreros) son beneficiarios de la contratación colectiva petrolera, y los de las nóminas mayor y ejecutiva tan solo cuentan con planes que determinan sus beneficios (Marín Boscán, 1999).
1. Derechos colectivos de los funcionarios públicos y...