Justicia Del Enemigo

CONSIDERACIONES SOBRE TERRORISMO
Sergio GARCÍA RAMÍREZ*
SUMARIO: I. Introducción. II. Régimen penal del terrorismo. III. Casos ante la jurisdicción interamericana de derechos humanos. IV. Regulación derivada de los hechos del
11 de septiembre.

I. INTRODUCCIÓN
La historia de la humanidad, en su relación esencial con el poder
—primero, el poder del más fuerte; luego, el poder del investidopara ejercer el monopolio de la fuerza: el Estado de la era moderna—, puede analizarse desde una doble perspectiva. Por una
parte, los hombres han procurado su seguridad y construido, para
ello, las formas de garantizarla a través del desempeño de la
autoridad formal; por la otra, se han ocupado en erigir los medios
de precaverse contra el ejercicio de la autoridad, siempre tentada
alabuso y al exceso, que provienen del arbitrio y de su expresión
desmedida: el capricho. En esta difícil dialéctica nos hallamos
inmersos todavía, y todo hace suponer que lo estaremos durante
mucho tiempo: acaso todo el tiempo. Hechos de ayer y de ahora
ponen a prueba los progresos operados en ambas dimensiones
de la relación del hombre con el poder.
* Fue secretario del Trabajo y PrevisiónSocial en México y procurador
general de la República. Es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro de
la Junta de Gobierno de la UNAM.
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No pretendo analizar aquí este asunto crucial, pero tampoco
puedo pasarlo por alto cuando se examinan, así sea de manera
sucinta, algunos de losproblemas que suscita la lucha estatal
contra el terrorismo, una de las plagas de nuestro tiempo. Antes
de entrar en esas consideraciones —que formularé a la vista de
ciertos temas específicos, más bien que a través de un análisis
sistemático de la materia— debo traer a cuantas algunos datos
fundacionales del Estado de derecho. Contribuirán a zanjar el
dilema —un falso dilema, desde luego—que algunos plantean
entre las exigencias de la seguridad y las reclamaciones de los
derechos fundamentales.
Uno de esos datos básicos del Estado de derecho, que radica
en las grandes declaraciones del final del siglo XVIII, enlaza
con el grave tema de la seguridad, que puede ser examinado
desde diversas perspectivas. En una de ellas, la seguridad constituye un derecho humano —natural eimprescriptible, dijo el
artículo 2o. de la Déclaration de 1789— directamente exigible
al poder público. En rigor —propuso ese mismo instrumento germinal, que influiría en el constitucionalismo posterior, hasta
nuestros días—, la tutela de esos derechos constituye el fin de
toda asociación política. Poco después, esta fórmula francesa llegaría a la Constitución insurgente de Apatzingán y, alcabo de
varias décadas, a la Constitución republicana de 1857.
La seguridad de la que hablo, pensada como muralla frente
al gobernante absoluto —la escritura política se erige en el ocaso
del absolutismo y se concibe para destruirlo: es, de alguna manera, una carta de liquidación en respuesta a las lettres de cachet—, también tiene una vena tendida hacia los otros integrantes
de la sociedad.Deseamos y necesitamos seguridad frente y contra el poderoso formal, pero también —y de ahí el surgimiento
del Estado— contra el poder informal: el vencedor natural en
el ambiente de la selva, cuando en ésta sólo campean el ingenio
o el vigor de sus habitantes. Mucho tiempo después, esta idea
aparecería en el carácter vinculante de la Constitución —tutela

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de valores esenciales, radicales— no sólo para el poder público,
sino también para todas las personas.
Lo anterior, trasladado directamente al terreno en el que ahora
trabajamos, lleva a identificar dos espacios de terrorismo. En
uno de ellos trabaja el terrorismo de Estado —o de gobierno, o
de instituciones—, que aparece cuando el poder público arremete
contra los ciudadanos, y...