La corte

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LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
Comunicación efectuada por el Académico Titular Dr. Horacio A. García Belsunce, en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, en la sesión plenaria del 24 de abril de 2006

1.- La cuestión antes de la reforma constitucional de 1994 El art. 31 del texto constitucional de 1853/60 –que permanece sin modificaciónexpresa hasta el presente– establece: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella,...”. Este precepto junto con otros que citaremos más adelante, constituye el núcleo central que consagra lasupremacía de la Constitución Nacional. Cierta doctrina constitucional ha puesto en tela de juicio si la enumeración del art. 31 citado implica estrictamente la fijación de un orden de prioridad normativo en el derecho constitucional argentino, o si de él resulta solamente la supremacía de la Constitución como consecuencia de una interpretación sistemática de dicho artículo con la norma del art. 28, quedispone la limitación de la relatividad de los derechos constitucionales que, según el art. 14, no son absolutos pues su ejercicio puede ser reglamentado por las leyes que al efecto se dicten, pero el citado art. 28 dice enfáticamente que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”, de lo quesurge claramente la subordinación de las leyes a la Constitución y también con el art. 27 que al disponer que los tratados con las potencias extranjeras deben estar en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución, implica la subordinación de aquéllos a ésta. Por ello, y haciendo una interpretación sistemática de las normas constitucionales citadas, es que elconstitucionalista y académico, Dr. Gregorio Badeni sostiene en varios de sus trabajos que mencionaremos más adelante que, el único orden jerárquico que no estaba explícitamente expuesto en la Constitución de 1853/60, era el que se presentaba entre los tratados y las leyes. Hasta 1983 la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que los tratados internacionales estaban en un plano deigualdad con las leyes de la Nación, en tanto y cuanto aquéllos hubieren cum3

plido los recaudos formales señalados por la Constitución; es decir, haber sido concluidos y firmados por el Poder Ejecutivo, conforme lo disponía el art. 86, inc. 14 (actualmente art. 99, inc. 11), y aprobados posteriormente por una ley del Congreso de la Nación tal como lo exigía el art. 67, inc. 19 (actualmente art. 75,incs. 22 y 24). Consecuencia de esta interpretación, era que una ley nacional podía dejar sin efecto, total o parcialmente, las cláusulas de un tratado internacional conforme al principio según el cual las leyes posteriores derogan a las anteriores. Tal doctrina judicial fue conmovida por la Convención de Viena sobre derecho de los tratados (aprobada por la ley 19.865 del 3.10.72, y que entró envigencia el 27.01.80) que en su art. 27 establece categóricamente la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, pero tal primacía, no puede entenderse como que el derecho internacional esté por encima de la Constitución, cuyas normas podría derogar o modificar. Así lo hemos afirmado en un trabajo anterior (“Reflexiones jurídicas en torno de la doctrina de la Corte Suprema en elcaso Arancibia Clavel”, en La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, del 13 de octubre de 2004, pág. 89). En fallo de la Corte Suprema dictado el 5 de diciembre de 1983 en los autos “Cabrera c/Comisión Técnica Mixta de Salto Grande” (Fallos 305, 2150), haciendo suya la opinión del Procurador General de la Nación sostuvo que “Los tratados internacionales no prevalecen en nuestro derecho...
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