La función administrativa en la prestación de los servicios públicos

La prestación de los servicios públicos domiciliarios presupone el cumplimiento de un cometido Constitucional, conforme lo dispone el artículo 365 C.P, luego se trata entonces, de la satisfacción de las necesidades de todos los habitantes del territorio nacional, “[E]n este sentido la ha entendido buena parte de la jurisprudencia constitucional, en la que la “dignidad humana” y la “calidad devida” parecieran convertirse en parámetros objetivos…”. Haciendo referencia en particular a la sentencia de la Corte Constitucional T-477 de1996, con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz. Pues bien si se aceptan éstos como parámetros objetivos, debe igualmente el artículo 365 C.P. ser interpretado en consecuencia, es decir debe quedar claro que teorizar sobre la prestación de los serviciospúblicos debe tratarse de enfocar, medios y caminos adecuados para que los fines del Estado atinentes se cumplan con su prestación, sin ninguna condición adicional, es decir sin que además de la prestación se requieran elementos adicionales. De esta forma se debe proyectar el tema, siendo consecuentes con la calidad y la eficiencia.
La idea es despejar el contenido del concepto de serviciopúblico, no sobra aclarar que tenemos claro que es un concepto independiente, en este orden de ideas lo primero será determinar si contiene una función administrativa, una función pública, ambas indistintamente, o si por el contrario es una mixtura con preponderancia de alguna o de ninguna, o si estos resultan excluyentes.
Vamos a partir del contexto constitucional, donde “Los servicios públicosson inherentes a la finalidad del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Este mandato constitucional, debe ser interpretado bajo el entendido que; primeo, no importar la naturaleza del prestador; segundo, que el mandato no se agota con la mera prestación y tercero la eficiencia en la prestación del servicio es un derechoconstitucional de los usuarios.
El legislador al regular la prestación de los servicios públicos tuvo un fin claro, posibilitar su prestación real y efectiva en el territorio nacional, preponderantemente por esa razón se asumió la posición de abrir la puerta de la prestación de los servicios, en principio, a cualquier persona natural o jurídica, publica o privada, que esté en la capacidad técnicamaterial de ejecutar la prestación del servicio. Por supuesto teniendo en cuenta que la ley “establece de manera expresa unos límites a la libertad económica de los particulares: el “bien común” y la “responsabilidad derivada del ejercicio del derecho de la libertad de empresa”, perfectamente concordantes con los fines y propósitos del Estado, orientados hacia el interés general y la efectivarealización de los principios y valores constitucionales, así como la tutela de los derechos fundamentales”.
Una de las aproximaciones más interesantes en nuestro parecer, no porque la compartamos, sino porque sale de la carta de navegación propuesta, es la de Leonardo Álvarez Casallas, quien afirma “… El sistema envuelve una privatización de los servicios públicos, los cuales ya no serán vistos como unafunción pública, sino como actividad económica regulada por el Estado.” Fíjense como se abre una nueva posibilidad, en el sentido de afirmar que cuando se tiende a la liberalización absoluta de los servicios públicos, desaparece cualquier rasgo de función pública y por sustracción de materia, función administrativa de igual forma. Posición que no compartimos, pues consideramos que la naturalezajurídica del prestador no excluye los elementos que integran el concepto de servicio público, siendo este un elemento accidental.
Partimos del supuesto que el titular de la función pública y administrativa es el Estado, lo que no ofrece ningún inconveniente, lo que habría que determinar es como se manifiestan estas y quien las puede desarrollar. El consejero Dr. Luis Fernando Álvarez...